En Tumaco no se está discutiendo un simple dato estadístico: se está encendiendo una alarma de gravedad política que toca el corazón de la democracia en el Pacífico nariñense. Cuando una elección fue creada para que las veredas —históricamente golpeadas por la guerra— eligieran su representación, cualquier salto desbordado en el censo rural no es un “detalle técnico”: es una amenaza directa a la legitimidad del mecanismo de paz que el país se comprometió a proteger.
A menos de un mes de los comicios del 8 de marzo de 2026, una queja formal advierte un hecho que, por su magnitud, obliga a la institucionalidad a actuar con lupa: en Tumaco, las inscripciones habilitadas para sufragar en zona rural pasaron de 1.950 (2022) a 16.900 (2026), lo que el documento califica como un incremento del 909%. En un territorio donde la representación rural es la razón de ser de la CITREP 10, ese crecimiento no solo “no cuadra”: puede redefinir quién decide y a quién representa la curul de paz.
La denuncia, radicada el 12 de febrero de 2026 ante el Tribunal Electoral Transitorio de Paz CITREP 10 y el Consejo Nacional Electoral (CNE) por Gloria Paz Campaz, sostiene que durante el periodo de inscripción y traslado de cédulas (marzo de 2025 al 8 de enero de 2026) se habría presentado una movilización “inusual” de votantes, con traslados del casco urbano hacia zonas rurales, justo el punto neurálgico que define quién puede votar en esta circunscripción especial.
Un salto que no cuadra: de miles a decenas de miles
El corazón de la denuncia está en las cifras. Según el documento, durante el periodo de inscripción y traslado de cédulas (marzo de 2025 al 8 de enero de 2026) se habría registrado una afluencia “inusual y atípica” en sedes de la Registraduría en Tumaco, con largas filas y un incremento marcado de traslados de zona urbana hacia zona rural, precisamente el filtro que determina quién puede votar en esta circunscripción especial.
La comparación histórica que presenta la queja es la que prende todas las alarmas:
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2018: 1.675 inscripciones habilitadas para zona rural (Tumaco).
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2022: 1.950 inscripciones.
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2026: 16.900 inscripciones aptas para sufragar en zona rural.
El documento califica el salto como un incremento del 909%, un crecimiento que —por su magnitud— “amerita especial atención institucional”, sin que esto implique prejuzgar, pero sí exigiendo explicaciones técnicas y verificación territorial.
Y no se trata solo de Tumaco. El texto también muestra el aumento del censo electoral en mesas CITREP 10: pasa de 56.299 votantes (2018) a 61.827 (2022) y llega a 79.177 (2026), es decir, un crecimiento acumulado del 41% frente al año base.
La vereda que aparece en el mapa: Agua Clara
La queja no se queda en los porcentajes. Aporta un indicio territorial: se menciona que una de las veredas receptoras de cambios sería Agua Clara, señalada por su cercanía al casco urbano de Tumaco. Además, se afirma que habría reportes de personas ofreciendo pagos o dádivas entre septiembre, octubre y noviembre del año anterior para incentivar traslados, lo que —de comprobarse— afectaría la “pureza del sufragio”.
En términos sencillos: si la CITREP 10 fue diseñada para que las comunidades rurales víctimas del conflicto elijan su representación, el traslado masivo de votantes que no residan en el campo podría convertir esa curul de reparación en una curul tomada por maquinaria.
No solo fraude: la denuncia lo enmarca como violencia política de género
Un punto poco usual —pero clave— es que el documento argumenta que estas prácticas, cuando afectan a una candidata mujer víctima del conflicto, pueden configurar violencia electoral basada en género, pues distorsionan la competencia y neutralizan el impacto político de liderazgos femeninos en territorios históricamente excluidos. Para ello cita resoluciones del CNE sobre prevención y sanción de violencias en el ámbito político-electoral (incluyendo grupos de especial protección).
La queja enlaza este enfoque con un oficio del propio Tribunal Electoral Transitorio de Paz CITREP 10 (comunicación del 30 de enero de 2026) que recuerda lineamientos de prevención de violencias y exhorta a campañas en un marco de respeto y garantías.
Lo que pide la candidata: “alerta temprana” y cruces de bases de datos
Entre las solicitudes principales, la denunciante pide que el CNE:
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Admita la queja y actúe de oficio por presunta inscripción irregular en Tumaco.
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Decrete una ALERTA TEMPRANA por presunta trashumancia en la CITREP 10.
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Ordene cruces de información caso por caso con entidades y bases de datos para verificar residencia electoral.
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Si se confirma no residencia, deje sin efecto inscripciones irregulares mediante acto administrativo motivado.
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Si hay mérito, compulse copias a autoridades competentes.
El documento también recuerda que, según precedentes administrativos citados allí, la ausencia inicial de listados individualizados no impediría abrir actuaciones cuando existen indicios objetivos, y que pueden adoptarse medidas preventivas antes de la elección.
La pregunta que queda en el aire en el Pacífico nariñense
Y ahí, entre cifras que se disparan y listas que crecen como nunca, se abren las dudas inevitables: ¿a quién va a beneficiar este salto? ¿Qué candidato promovió este traslado? ¿Qué hay detrás de esta movida?
En Tumaco, la democracia no se mide solo en tarjetones: se mide en la capacidad de un territorio de impedir que otros hablen por él. Si la curva de inscritos rurales crece como nunca —y además crece a semanas de una elección creada para la reparación—, la institucionalidad tiene un reto urgente: verificar, explicar y decidir con transparencia.
Porque la CITREP 10 no nació para que la ruralidad hiciera fila detrás de la ciudad. Nació para que, por una vez, la ciudad escuchara al campo.
Página 10 seguirá el curso de esta queja y las respuestas del CNE, la Registraduría y el Tribunal CITREP 10, en una región donde cada voto tiene el peso de una historia que todavía pide justicia.
