En el mundo, las personas hemos hecho de la fuerza y las armas, el medio para imponer regímenes de toda ideología, el terror y el miedo reinan en contra de pueblos y comunidades, promoviendo guerras y los conflictos, que se resuelven por medio de la tierra arrasada y así controla la economía, repartiéndose el mundo según sus intereses, las grandes potencias entre ellas los EE UU, dictan el libreto a jugar en el país, los primeros anuncios del gobierno de Abelardo de la Espriella se alían con los gringos y su doble nacionalidad contribuyen a los cantos de sirena con la guerra del mal llamado enemigo interno y cierra cualquier posibilidad de negociación.
En contraposición a la guerra arrasada, gran parte de la llamada sociedad civil en oposición a la violencia han promovió en los últimos años el derecho de gentes, también conocido como el derecho de guerra y tribunales como el de Nuremberg, que ha sido la antesala del estatuto de Roma, que creó la corte penal internacional, mecanismos creados para atacar la impunidad, y se buscan como alternativa a la guerra, la solución política para resolver los conflictos.
Nariño que ha sido golpeado como el que más por el conflicto, y en el gobierno del expresidente Gustavo Petro se le apostó a paz territorial, mecanismo original que buscó desprenderse de los fenómenos armados con cobertura nacional y los diálogos con comuneros del sur y la coordinadora guerrillera ejército bolivariano, significaron avances de descalonamiento del conflicto y disminución de asesinatos y algo de paz para territorios golpeados como el Pacífico y la cordillera; el anuncio de la terminación de las mesas de negociación por parte del gobierno de la Espriella, solo atraerá muerte y terror para estas comunidades, quienes han pagado una alta cuota de sacrificio por esta guerra que solo en los últimos 20 años muestra el dolor de la guerra y el conflicto.
En el país la guerra y el conflicto se han ensañado contra los territorios llamados de la Colombia profunda, el narcotráfico fuente de financiamiento de todos los actores armados, se ha convertido en el mayor flagelo de la buena gente del sur, los cultivos de uso ilícito crecieron en los últimos 20 años; Mientras en el año 2000 Nariño contaba con cerca de 7.600 hectáreas, para el periodo 2024-2025 la cifra se multiplicó casi por diez, 74.500 hectáreas, consolidando a la región suroccidental como el epicentro del cultivo de uso ilícito en el país.
En Nariño en los últimos 20 años han desplazado a 450 mil personas, o sea casi que un tercio del total de la población del departamento y las causas están determinadas por la ausencia del estado donde la criminalidad lo han remplazado, la reconfiguración de los grupos armados ilegales tras la desmovilización paramilitar, la disputas territoriales entre disidencias y la expansión de los cultivos de uso ilícito hacia la Costa Pacífica y en menor medida la cordillera, impulsaron un flujo constante de desplazamientos masivos e individuales, siendo los Municipios como Tumaco, Olaya Herrera, Magüí Payán, El Charco y Barbacoas en la subregión del Telembí y Pacífico nariñense los que han registrado de forma reiterada los mayores índices de expulsión forzada.
Los homicidios en Nariño en las dos últimas décadas han sido de un promedio de 500 a 650 homicidios anuales, Esta cifra equivale a una tasa histórica promedio de 30 a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, ubicándose generalmente por encima de la media nacional, según consolidados estadísticos de la Policía Nacional, Medicina Legal y el Ministerio de Defensa.
Las masacres han sido de 130 (homicidios colectivos de 3 o más personas en un mismo hecho), siendo el año 2018 donde se presentaron 70, según consolidaciones del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Unidad de Víctimas.
El asesinato sistemático de líderes sociales y firmantes de La Paz han crecido en estos últimos 10 años, en la región han sido asesinados más de 180 líderes sociales en la última década, concentrándose la violencia en autoridades indígenas (pueblo Awá y Pastos), líderes afrodescendientes de los consejos comunitarios del Pacífico y dirigentes comunales, En el departamento han sido asesinados cerca de 45 excombatientes en proceso de reincorporación, siendo el enclave de Tumaco y los municipios de la cordillera los puntos de mayor letalidad para este grupo.
Frente a los cantos de sirena de la guerra en Nariño, donde ya llegó el comando sur de los EE UU, por la entrega servil del gobierno del tigre solo puede tener la respuesta organizada del movimiento social, que nos corresponde resistir y con la resiliencia de las organizaciones sociales, responder de manera pacífica los embates que anuncia este gobierno de tierra arrasada, pero que la defensa de la vida debe prevalecer por encima de todos.
