En Colombia hay 118.410 hectáreas con evidencias de explotación de oro de aluvión. El 75 % corresponde a explotación ilícita o no autorizada; el 21 % cuenta con permisos técnicos o ambientales y el 4 % está en tránsito a la legalidad. El 82 % de la explotación ilícita se concentra en Chocó, Antioquia y Bolívar. Así lo reporta el estudio EVOA 2025, elaborado por el Gobierno Nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
¿Y dónde queda Nariño en ese mapa? No encontré una cifra departamental para 2025. La información que pude consultar muestra que las hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión pasaron de 1.676 en 2014 a 4.853 en 2023: casi tres veces más. Ese último año, 4.151 hectáreas —el 86 % del total departamental— fueron clasificadas como explotación ilícita o no autorizada. Nariño representó cerca del 4,6 % de la superficie nacional detectada en 2023. No está entre los departamentos con mayor extensión, pero la proporción de actividad ilícita y su crecimiento son señales que no podemos ignorar.
Las cifras de EVOA miden áreas con evidencia de explotación aluvial. No equivalen a toneladas de oro extraído ni a los ingresos que produce el negocio. Para saber cuánto oro se produce, quién lo compra, cuánto dinero moviliza y qué impuestos o regalías genera, hace falta conectar los datos de extracción con los de comercialización, tributación y control. Esa falta de trazabilidad impide conocer el verdadero tamaño del negocio y diseñar respuestas eficaces.
El problema de Nariño es estructural. No tenemos suficiente claridad sobre qué líneas de explotación son compatibles con el territorio, bajo qué condiciones se pueden desarrollar y cómo ejercer control sobre ellas. Mientras discutimos las actividades legales, en el Pacífico nariñense avanza una minería ilegal que destruye ríos, transforma ecosistemas y fortalece economías armadas. La crítica ambiental pierde fuerza cuando se dirige con rigor a los proyectos formales, pero guarda silencio ante la maquinaria amarilla y la explotación que operan al margen de la ley.
No se trata de defender cualquier proyecto minero ni de restarle importancia al daño ambiental. Se trata de dejar atrás una discusión reducida a buenos y malos, como si la economía y la naturaleza fueran asuntos incompatibles por definición. La pregunta es más exigente: ¿qué tipo de minería puede ser compatible con Nariño?, ¿quién debe realizarla?, ¿cómo se controla?, ¿qué ecosistemas deben quedar excluidos de la explotación y cómo se repara el daño causado?
La riqueza natural no es infinita. Por eso necesitamos una bioeconomía, en el sentido expuesto por José Antonio Ocampo y Marcela Eslava en Colombia 2050, que relacione el territorio, sus ecosistemas y las comunidades con las actividades productivas, y que permita tomar decisiones con evidencia científica, más allá de las consignas ideológicas. También debemos preguntarnos cuánto producimos, qué podemos producir y qué barreras impiden que el talento humano y las capacidades locales participen en el desarrollo económico. La discusión sobre la categoría del departamento es insuficiente si no examinamos qué generamos, cómo lo hacemos y quiénes se benefician.
La experiencia internacional ha advertido que la abundancia de recursos naturales no garantiza desarrollo. Richard M. Auty formuló la tesis de la “maldición de los recursos” al estudiar cómo las economías mineras pueden frenar la diversificación y el crecimiento. Acemoglu y Robinson, por su parte, explican cómo las instituciones extractivas concentran poder y oportunidades y dificultan un desarrollo más inclusivo. Aplicadas a Nariño, estas ideas plantean una alerta: cuando la extracción beneficia a pocos, excluye a las comunidades y financia estructuras ilegales, la riqueza puede convertirse en una fuerza que reproduce pobreza y atraso.
En nuestro territorio confluyen factores que pueden convertir la situación en una bomba de tiempo: presencia de actores armados, débil capacidad estatal, alto valor del oro, deterioro ambiental, familias que dependen de esta economía y cambios en otras rentas ilegales, como la disminución del precio de la coca. La frontera con Ecuador añade una dimensión binacional. El control de la minería y de sus cadenas de comercialización exige cooperación entre los dos países.
La respuesta, por tanto, no puede recaer en una sola entidad. Tal como lo expresan Camilo Prieto y Brigitte Baptiste, en Colombia 2050, el Ministerio de Minas debe liderar la regulación y la formalización de pequeños mineros, con alternativas que reduzcan o eliminen el uso de mercurio. El Ministerio de Ambiente debe orientar la restauración de las zonas afectadas. Salud debe vigilar los efectos de la exposición a mercurio y otros metales pesados. Defensa debe actuar contra las estructuras armadas y la maquinaria que destruye los ríos. Interior debe garantizar el diálogo con las comunidades y autoridades étnicas, y Cancillería debe impulsar un acuerdo especial de cooperación con Ecuador.
La lucha contra la minería ilegal es ambiental, sanitaria, económica y de seguridad. No podemos enfrentarla únicamente con operativos, ni permitir que la formalización se convierta en una autorización para destruir. Necesitamos cadenas de extracción y compra transparentes, control sobre el origen del oro, protección de los territorios colectivos y participación de las comunidades en las decisiones que afectan su vida y su entorno.
Una operación minera formal y sometida a controles puede abrir espacio para la producción legal, el empleo y los ingresos públicos. Pero una empresa, nacional o multinacional, no reemplaza al Estado ni garantiza por sí sola la soberanía. Esa responsabilidad corresponde a las instituciones, que deben asegurar las reglas, proteger a la población, vigilar los impactos y hacer que los beneficios se traduzcan en mejores condiciones de vida.
El oro puede ser una oportunidad para Nariño si su aprovechamiento fortalece la presencia estatal, amplía la producción legal y protege el territorio. Si no logramos ese control, la riqueza seguirá financiando la violencia y profundizando la destrucción. La pregunta que debemos hacernos es directa: ¿hasta cuándo vamos a tolerar que la explotación ilegal destruya la riqueza ambiental del departamento y debilite la soberanía sobre nuestros territorios?
