Al filo de la oportunidad

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Por: Juan Pablo Torres-Henao

Transformar el destino en conciencia

André Malraux

El pasado 27 de junio del año en curso la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia presentó su cuarto informe durante el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Dentro del acápite dedicado a hacer una relación de los hallazgos dentro de las tareas de la misión, una afirmación y una observación me llamaron especialmente la atención: “si bien el Gobierno ha avanzado en la compra de tierras para campesinos sin tierra, la entrega de tierras y la definición de beneficiarios todavía no han tenido lugar”, a lo cual agrega a manera de observación: “Confío en que las tierras puestas a disposición hasta ahora para fines de reforma rural se entreguen pronto a sus beneficiarios previstos, incluidas las víctimas y las mujeres rurales, junto con el apoyo necesario para garantizar el éxito a largo plazo, como acceso a crédito y asistencia técnica”.

Tanto la afirmación como la observación reclaman la mayor atención posible, principalmente, porque si vemos y analizamos en perspectiva histórica cuáles han sido los resultados de otros intentos de reforma agraria en Colombia, fácilmente podemos llegar a la conclusión de que han llegado a ser contraproducentes, o más bien, que terminaron decantándose en verdaderas contrarreformas que llevaron a mayores niveles de concentración de la tierra y por consiguiente a nuevas y no tan nuevas formas de violencia. Y es que el asunto de los beneficiarios de la reforma agraria no es accesorio, este es, quizás, el elemento más determinante a la hora de conquistar una reforma exitosa, dado que una reforma agraria no supone exclusivamente distribuir la tierra por destruirla, sino ante todo distribuirla entre quienes tiene una vocación agraria, propendiendo de esta manera no solo por la democratización de la tenencia, sino también por la promoción del desarrollo local.

Conscientes del carácter determinante de los y las beneficiarias para la reforma agraria, el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado colombiano y las extintas FARC-EP, señaló que aquellas serian trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo a las mujeres rurales, las mujeres cabeza de familia y la población desplazada. También se previo la posibilidad de hacer beneficiarias a asociaciones de trabajadores y trabajadoras            con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participaran en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger la naturaleza, sustituir cultivos declarados de uso ilícito y fortalecer la producción alimentaria.

Resulta necesario que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como autoridad administrativa de la reforma agraria, disipe la duda que sobre los beneficiarios de la reforma agraria ha sembrado la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Sus resultados en compra de tierras a poco menos de un año del Gobierno del Cambio (25.802 ha) en comparación a lo hecho por el Gobierno de Ivan Duque durante cuatro años (13.706 ha) y por el Gobierno de Juan Manuel Santos durante poco menos de dos años (3.543 ha); en constitución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en el mismo periodo de tiempo (4 ZRC) ante el Gobierno Duque (0 ZRC) y Gobierno Santos (1 ZRC); y en formalización de tierras en 11 meses (1’014.440 ha) contrastan con las 788.961 ha formalizadas por el Gobierno Duque durante todo su mandato y el 1’562.800 ha formalizadas por el Gobierno Santos durante sus últimos dos años de mandato, no pueden quedar en entredicho. Nos encontramos al filo de la oportunidad de materializar la reforma agraria. Para la reforma rural integral aun queda un largo trecho.

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