Clamor nacional: ¡qué pare la violencia!

Apenas nos despertábamos el domingo 15 de agosto y teníamos que desayunarnos con otra infausta noticia de las que habíamos padecido en la última semana. Las redes sociales ya estaban inundadas con las imágenes del trágico hecho de la masacre de 9 jóvenes en el municipio de Samaniego. Se sumaban a los dos niños asesinados en Leiva, a los dos jóvenes acribillados en Cali, al exterminio al que está sometida la comunidad Awá y de hechos macabros como el desmembramiento de una persona.

Este hecho luctuoso ocurrido en el departamento de Nariño estremece a Colombia entera y la comunidad internacional. Nuestro país ya no soporta una muerte más por hechos violentos, más aún cuando en medio de la pandemia lo que se esperaba era que se redujera la violencia armada. Era de esperarse que ante la amenaza biológica, así como se han reducido las actividades de todo orden, también mermaría la violencia, pero resulta siendo todo lo contrario.

El gobierno del presidente Duque ha minimizado diciendo que se trata de problemas de linderos o de colgaderos de ropa, cuando, en realidad, hay un sistemático crecimiento de la violencia armada que arroja centenares de asesinatos de líderes sociales en el territorio colombiano.

Según el analista político Ariel Ávila, todos los grupos armados vienen en un permanente crecimiento. Por ejemplo, las disidencias de las Farc en el año 2018 tenían incidencia en 56 municipios y pasaron a tenerla en el presente año en 102; por su parte el Eln pasó de 99 a 140, en el mismo periodo. El Clan del Golfo pasó de 150 a más de 200 en el mismo tiempo. Lo que quiere decir que el Gobierno se ha ocupado de otros asuntos, quizá sin importancia, minimizando el factor de la violencia.

Mucha gente le critica al presidente Duque que se ocupa más de los asuntos internos de Venezuela, descuidado los propios asuntos de nuestro país. Pero también es evidente que les dio importancia mayor a los empresarios y banqueros, a los que les ayudó con dineros de la reserva pensional de los territorios, pero no se ha logrado canalizar una renta básica para auxiliar a los sectores más desprotegidos y que no tienen fuentes de ingresos, porque se quedaron sin trabajo a raíz de la pandemia.

Otro tanto ocurre con la excesiva preocupación del Presidente por aumentar sus niveles de aceptación que venían muy bajos, de ahí que destinó 3.500 millones de pesos para mejorar su imagen en redes sociales, pero también el costo que le representa salir por televisión todos los días, en un propósito de mejorar su maltrecha aprobación.

Y mientras el Presidente se maquilla, el país se destruye a pedazos. Ha demostrado suficientemente que los temas de la violencia  que se vive en el país no son de su interés, de ahí que no se han emprendido acciones contundentes para detener el crecimiento de los grupos armados al margen de la ley. Pero como el mandatario basó su campaña electoral querer acabar con el proceso de paz, lo está logrando.

En adelante habrá más caminos para que los jóvenes ingresen a formar parte de las organizaciones armadas, teniendo en cuenta que las acciones de los grupos irregulares se ejecutan en ausencia de las tropas regulares y también por las necesidades que tienen jóvenes campesinos de percibir algún dinero, más aún en estas épocas de cris.

Por lo tanto, lo que se necesita es presencia del Estado con asistencia social para brindar oportunidades, y los grupos armados ilegales no sea su única opción. La degradación del conflicto ha hecho que entre actores armados ya no haya mayores diferencias que las disputas territoriales y el negocio de los ilícitos.

Es muy lamentable que Colombia no logre superar estos episodios que se creía que formaban parte del pasado. La muerte de los jóvenes estudiantes nos duele a todos los colombianos que creemos en una vía pacífica para la convivencia y la transformación social.

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