De la Paz Territorial a la Paz Total
Colombia ha tenido en su historia reciente tantos esfuerzos de construir la paz como los años que llevamos inmersos en un conflicto armado interno. Desde la amnistía general decretada por el dictador Gustavo Rojas Pinilla, pasando por el Plan Nacional de Rehabilitación impulsado por Alberto Lleras Camargo al despuntar el Frente Nacional, hasta las desmovilizaciones de organizaciones insurgentes a inicios de la década de 1990, son numerosas las experiencias, cada una con un enfoque, cada una con una determinada apuesta política.
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) suscrito entre el Gobierno Nacional de Colombia en representación del Estado y las extintas FARC-EP representa el pacto político más relevante desde la Constitución Política de 1991, y el diagnostico más elaborado a la fecha sobre las conflictividades más sensibles para la Nación y entre esta y el Estado. Su carácter innovador y transformador es reconocido y estudiado en el mundo entero como paradigma para la resolución de conflictos.
Pese a ello, aun no hay consenso sobre cómo implementarlo. Para el gobierno de Juan Manuel Santos la apuesta era la Paz Territorial, mientras que para Iván Duque lo fue la Paz con Legalidad. Ahora el gobierno de Gustavo Petro le apuesta a la Paz Total. Pero ¿qué son todas estas paces apellidadas? Sin entrar en detalles, la Paz Territorial de Santos se basaba en dos ideas básicas: derechos y territorio, esto es, llevar el Estado a todo el territorio nacional con bienes y servicios. La síntesis de estas dos ideas conducía a la reflexión sobre la relación existente entre justicia y paz, donde la justicia se entiende, siguiendo a Ronald Dworkin, como un “sistema equitativo de cooperación en el tiempo” con base en el restablecimiento de las normas mínimas para vivir en sociedad. En el caso de Ivan Duque, como su mismo nombre lo indicaba, su apuesta de paz se basaba en la legalidad, en el cumplimiento de las normas, normas que dada la ausencia de consenso sobre la construcción de paz, no fueron restablecidas ni legitimadas, de ahí que su política tenia un componente de seguridad bastante robusto que al tiempo dejaba de lado las causas estructurales del surgimiento y prolongación del conflicto armado en Colombia. Por último, tenemos a la Paz Total, apuesta que le apunta a evitar, primero, una paz segmentada, como fue el caso de Juan Manuel Santos que logró solamente el Acuerdo Final con las extintas FARC-EP; y segundo, una paz interrumpida, como fue el caso de Iván Duque al implementar antes que una política de paz una política de estabilización que fue en contravía de lo pactado.
Estimo que estas apuestas de paz gubernamental vistas en detalle y en conjunto, unas más que otras, no tienen una comprensión integral de cómo se construye paz, en tanto tienen lecturas distintas sobre qué es la paz. Mientras que para el gobierno actual, en sintonía con lo imaginado por Santos, pareciese ser la secuencia: fin del conflicto armado-presencia estatal-acceso a bienes y servicios, Duque se limitó a entenderla como un asunto de cumplir las normas establecidas. Para ambos casos encuentro un limite que puede ser superado por las apuestas de paz no estatales, incluyendo la que en algún momento presentó las extintas FARC-EP en los diálogos de San Vicente del Caguán, Caquetá a inicios del siglo XXI conocida como Paz con Justicia Social. Ahí, esta insurgencia advertía algo que hoy cobra especial relevancia si de lo que se trata es de imaginar cómo construimos paz en Colombia: la paz no supone solamente el silencio de los fusiles, debe ser la lucha frontal contra todas las causas que originaron el conflicto armado tales como la desigualdad, la pobreza, la exclusión política, entre otras, y para ello la forma Estado en su configuración actual es insuficiente, así como también lo son normas e instituciones ilegitimas producidas en clave de la confrontación armada.
Es decir, para conquistar una paz estructural en Colombia, resulta ineludible avanzar en reformas posneoliberales que hagan posible la configuración aplazada de un Estado Social de Derecho como reza la Constitución de 1991, garantizando el acceso y goce efectivo de derechos a todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. No bastara con la desmovilización de todos los actores armados ilegales, será insuficiente si no hay transformaciones estructurales en tanto la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la violencia difícilmente pueden ser atendidos por un Estado funcional a un sistema económico interesado en la reproducción de dichos factores.