Duro informe de la CIDH sobre el manejo de protestas en Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos este miércoles hizo entrega del balance de su visita de trabajo en Colombia del pasado mes de junio,  para verificar la situación de DDHH en el marco de las protestas sociales que dieron inicio el pasado 28 de abril del año en curso. 

En la visita, la Delegación de la CIDH se trasladó a distintas ciudades del país, para recolectar testimonios y dialogar con distintas organizaciones sociales, juventudes, ciudadanos, mandatarios y organizaciones no gubernamentales para verificar y atender testimonios de las posibles violaciones a los derechos humanos.

Ante ello, un mes después de su visita, donde la Comisión recibió un total de 2.908 solicitudes para narrar sus testimonios, 302 lograron entregar sus versiones de forma individual y colectiva, en total 500 personas lograron ser escuchadas. La metodología utilizada para la toma de testimonios prioriza el diálogo, la privacidad, seguridad y confianza para las personas entrevistadas. 

De acuerdo con el informe de la CIDH que fue entregado por la comisionada y presidente de ese organismo Antonia Urrejola, se constata que durante las protestas sociales se han presentado múltiples violaciones a los derechos humanos relacionados con el uso desmedido de la fuerza, la violencia de género, violencia basada en discriminación étnica, violencia contra periodistas y misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, denuncias de desaparición, uso de la asistencia militar de forma inadecuada, aplicación de las facultades disciplinarias en contra de personas electas para cargos públicos y el uso del uso de la jurisdicción penal militar.

Las CIDH destacó en primera instancia la violación al derecho a la vida y la integridad personal, “la comisión constató que de manera reiterada en diversas regiones del país la respuesta del estado se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza y en muchos casos la actuación incluye la fuerza letal”, informó la comisionada presidenta.

En este orden, la CIDH dio a conocer que recibió grave denuncia sobre el empleo indiscriminado por armas de fuego de personas que no participaban dentro de las protestas. 

También, hizo referencia a las víctimas mortales en el marco de las movilizaciones, “la Comisión condena el alto número de pérdidas de vidas humanas en el contexto de las protestas sin perjuicio, reportadas por el estado y la sociedad civil, sobre esto en tanto que el sistema de derechos humanos reporta 54 personas fallecidas hasta el 24 de junio, la sociedad civil da cuenta de 84.  La CIDH condena toda muerte de una persona manifestante como resultado del uso de la fuerza por agentes estatales del Estado”, afirmó Antonia Urrejola.

La comisión hizo un llamado de atención sobre las altas cifras estatales reportadas en relación a víctimas fatales y  desaparecidas, donde denuncia que no hay un buen seguimiento de investigación 

Se refirió también, al uso desmedido de la fuerza donde denunció que a través de sus mecanismos de monitoreo pudo verificar que, “el uso de artefactos no letales han producido lesiones graves, mutilaciones, así como la muerte de al menos una persona. La Comisión recuerda que, bajo ciertas circunstancias, la letalidad de un arma depende de su uso y control. En ese sentido, reafirma al Estado su deber de garantizar la aplicación práctica y efectiva de los protocolos de uso de la fuerza”.

Es así como hizo un llamado para que el estado colombiano implemente “mecanismos que prohiban el uso desmedido de la fuerza como un recurso de control público”.

También la CIDH habló sobre los bloqueos en la vía donde mencionó que la Comisión pudo observar que las consecuencias de algunos de ellos derivaron “en un profundo malestar y agotamiento en algunos representantes del Estado, cuerpos policiales y parte de la sociedad”.  Se reconoció que ese malestar se originó en “serias afectaciones particulares y colectivas”, en este sentido condenó que algunos bloqueos comprometieron gravemente derechos como la vida, la provisión de alimentos, la potabilización de agua, la salud. 

En el reporte, la Comisión mencionó que hubo denuncias del Estado y de organizaciones de la sociedad civil sobre la infiltración en las protestas de grupos o sujetos que han efectuado actos violentos y/o vandálicos.

En este sentido, tras su visita dejó por sentado 40 recomendaciones, de las cuales se destaca: Promover y reforzar un proceso de diálogo genuino que permita la escucha de todos los sectores; respetar y garantizar el derecho a la protestas; adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado por medio de la investigación imparcial; reparar a las víctimas y sus familiares; adoptar las medidas necesarias para el acceso a la justicia. 

Otra recomendación que incluyó la CIDH fue separar a la Policía Nacional y su Esmad del Ministerio de Defensa; entre otras recomendaciones.

“La Comisión insta al Estado a reforzar, desde su más alto nivel, un proceso de diálogo que permita incrementar la confianza en las instituciones estatales. La Comisión continuará monitoreando el desarrollo de las protestas, así como el seguimiento de las recomendaciones”, concluyó Urrejola.

En el informe entregado por la CIDH, se constata que ciudades de Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto, Popayán y otros municipios de Risaralda y Valle    del Cauca, fue donde se evidenció las principales violaciones a los   derechos humanos. 

Comentarios

Comentarios