El gobierno de la Colombia Humana y las instituciones democráticas

Con el triunfo electoral del programa de gobierno encarnado por Francia Márquez y Gustavo Petro varios sectores sociales demandan respeto por los “principios básicos de la democracia” en Colombia.  Uno de los logros iniciales del gobierno Francia-Petro es escuchar a dichos grupos sociales reivindicar los que serían los principios básicos de las democracias liberales, a saber: respeto a la oposición, respeto a la propiedad privada, respeto a la prensa independiente, transparencia fiscal, etc. Sin embargo, “paradójicamente” para lograr estos objetivos se debe superar la pesada herencia de los gobiernos de los últimos 30 años.

En particular, en las expresiones públicas de diferentes expresiones conservadoras, parece que dichos principios básicos dejaron de ser un mero discurso de legitimidad para convertirse en un asunto de primer orden. Notificaron que la democracia tiene que ver menos con personas individuales en el gobierno cada 4 años que con la alternancia de programas políticos, económicos y sociales diversos; que con base en principios universales contribuyen a estabilizar acuerdos institucionales y políticos entre diversos sectores económicos, políticos y culturales.

Estas exclamaciones tienen un carácter especial, dado que vienen de organizaciones, personas o instituciones que en la práctica apoyaron los gobiernos en los últimos 30 años: consultores, funcionarios y asesores, medios de propaganda masiva. Por tanto, vale preguntarse ¿Qué esperamos del nuevo gobierno de la Colombia Humana?

En Colombia, se ha perseguido judicialmente, estigmatizado y, asesinado a estudiantes, periodistas, líderes sociales, sindicalistas, defensores ambientales y de derechos humanos por medio de estructuras estatales y paraestatales. En ese sentido, se espera del gobierno de la Colombia Humana medidas de protección especial para periodistas independientes, para organizaciones, movimientos sociales y de derechos humanos. Aún, se debe resaltar la necesidad de ahondar los ejercicios de justicia, verdad y reparación.

En los diversos gobiernos de los últimos 30 años, un sector del empresariado colombiano ha promovido el desplazamiento forzado, el saqueo violento y la legalización de tierras comunes, baldíos y la propiedad de pequeños, medianos campesinos y colonos. De esta manera, el nuevo gobierno requiere de la concreción de un proceso de restitución efectiva de los derechos de propiedad comunales, públicos y de pequeños propietarios, comunidades étnicas, campesinos y colonos. Adicionalmente, que se lleve a cabo un catastro multipropósito en todo el país.

Así mismo, desde la garantista constitución de 1991 se ha diseñado e implementado reformas impopulares (privatizaciones, reformas fiscales, acuerdos internacionales de comercio y con organismos multilaterales, etc.) con alianzas entre partidos políticos tradicionales y empresarios privados que se reparten tanto los “dividendos” de dichos pactos como la burocracia y el presupuesto público.

Aún, en momentos en que las mayorías que sufrieron estos “acuerdos desde arriba”, cuando amplios sectores se movilizaron en defensa de lo público, por el derecho a tener una vida y un empleo digno; esos gobiernos antipopulares respondieron con la única herramienta con la cual se armoniza las políticas económicas hasta ahora: con el desprecio arrogante de los lobistas corporativos, los consultores privados y todo el peso de la fuerza monopólicas del estado (policía y ejército). Así se aplastaron las demandas por mayor democracia: encarcelaron, masacraron y desaparecieron a jóvenes populares, sindicalistas, profesores y abogados de derechos humanos por defender el interés general.

Esperamos del nuevo gobierno una política fiscal, unos acuerdos comerciales, una política de promoción productiva, de ingresos y de protección social, que priorice los arreglos institucionales con y para las grandes mayorías. Esperamos que se restituya los derechos políticos y sociales de los sectores populares contenidos en la constitución de 1991.

Es tarea de un gobierno democrático concretar los valores básicos de la democracia para todas, todos y todes. No solamente para aquellos que han vivido de los derechos de linaje, de herencia político-familiar o adquiridos mediante la violencia del despojo, el fraude legal o la explotación. De esta dimensión es la tarea.

Se requiere trabajar sobre un reconocimiento efectivo de los derechos del trabajo, de las comunidades étnicas, campesinas, de las identidades y diversidades sexuales, de la defensa de lo público-estatal, etc. Es decir, adelantar a Colombia a pesar de la presión de sectores tradicionales que se ha opuesto históricamente a cambios fundamentales.

En especial, el nuevo gobierno debe marcar un hito en el manejo transparente de los recursos públicos. Dejar atrás la apropiación privada del fisco por parte de rentistas que por medio de lobby parlamentario captan para sí la fuente material de derechos sociales. Se espera dejar en el pasado las experiencias de detrimento del patrimonio público como en el caso de Reficar, dejar atrás los sonados casos de corrupción del tipo Corficolombiana- Odebrecht. Así mismo, se espera que no se repitan los denominados “bonos de agua”, en los cuales al mismo tiempo que empobrecen municipios con deudas asfixiantes enriquecen empresas familiares de funcionarios corruptos.

Aún, se debe priorizar los ejercicios tanto de transparencia como de publicidad en la negociación y aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN). No se puede repetir el ejercicio de finanzas corporativas en la presentación a medias, con información oculta y acuerdos cerrados como en los últimos 4 años. En especial, se debe discutir en los escenarios públicos con transparencia el estado actual y   los usos de parte de los recursos de las regalías y del Sistema General de Participaciones para no repetir la experiencia del manejo poco transparente de los recursos del FOME. Se requiere saber de qué forma los recursos públicos se orientan a cumplir con el Estado social de derecho.

Al nuevo gobierno le toca proponer una democracia para todes con base en el reconocimiento de derechos sociales, ambientales, políticas y de orientaciones sexuales e identidades de género diversas.  Esto junto con, política de crecimiento económico diversificado, con distribución del ingreso, medidas de protección social y, mecanismos de participación democrática ampliada. Es hora de abrir el espacio para las clases populares, para que puedan movilizarse en democracia y puedan realizar el potencial de ser un sujeto político activo en la promoción y defensa de una democracia radical, sin ser de nuevo los “buenos muertos” de la tradicional democracia a lá colombiana.

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