El PND de Petro y los proyectos estratégicos para Nariño
El viernes 5 de mayo muy temprano fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, junto con su Plan Plurianual de Inversiones (PPI) que contiene la proyección indicativa de los recursos financieros requeridos para el logro de las metas propuestas.
Cumplir las promesas trazadas del Plan Nacional de Desarrollo le costará al país $1.154,8 billones de pesos, fondos que en un 50% provienen del Presupuesto General de la Nación, un 23% del Sistema General de Participaciones, un 13% corresponde a los recursos propios de las Entidades Territoriales, un 9% de las Empresas Públicas que integran las Empresas Industriales y Comerciales del Estado nacional y territoriales, un 4% del Sistema General de Regalías y un 1% de los recursos de Cooperación Internacional.
Estos documentos son la brújula del gobierno Petro porque decantan muchas de las promesas de campaña y sobre todo, las recogidas en los Diálogos Regionales Vinculantes, una estrategia de la presidencia que busco legitimar su poder llegando a los territorios para identificar las pretensiones particulares que responden a la heterogeneidad de Colombia.
En el PPI quedaron establecidos alrededor de 48 proyectos estratégicos para el departamento de Nariño. Se resaltan los relacionados con el Puerto de Tumaco, el corredor vial Tumaco – Pasto – Mocoa, la construcción de la doble calzada Pasto – Popayán, la construcción doble calzada Pasto – Santander de Quilichao, la mejora de los aeropuertos de Pasto, Tumaco e Ipiales, el desarrollo económico y social en las zonas de frontera, la creación de la seccional Pacífico de la Universidad de Nariño, otra en La Unión y una sede en los barrios sur orientales de Pasto; la recuperación de ecosistemas como el de la laguna de La Cocha y una política de drogas con enfoque territorial y productiva.
El Plan Nacional de Desarrollo junto con su Plan Plurianual son pergaminos vitales para cada administración, pero lastimosamente varios de los proyectos a ejecutarse, al menos en Nariño, han sido letra muerta heredada cuatrienio a cuatrienio.
Ojalá al finalizar el periodo presidencial se haya logrado un alto porcentaje de ejecución de los proyectos priorizados, claro está, que esto conlleva una serie de esfuerzos particulares por parte de los diferentes financiadores, tanto del gobierno central, del futuro gobernador de Nariño, de los alcaldes entrantes, de las empresas públicas, de los buenos oficios de Cooperación Internacional en el departamento y hasta de la empresa privada que al menos a nivel nacional tienen proyectado un aporte de $949,7 billones de pesos. Aunque olvidaba que lastimosamente en Nariño no tenemos sino un tejido empresarial remendado entre las MiPyME que apenas sobrevive.
Además, la gestión eficiente de los representantes elegidos en octubre para traer un robusto capital dependerá de que tanta empatía se tenga con los intermediarios de la carteras ministeriales y demás representantes de la “jefatura” de Petro. Esperemos que de los $50,4 billones de pesos asignados a nivel nacional a la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz se pueda dignificar al Nariño rural, azotado y abandonado por la corrupción y la violencia, a través de una reforma rural integral y un programa serio con desarrollo territorial que repare las consecuencias del narcotráfico.