Frontera sur entre la desidia del centralismo y la crisis actual.

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Colombia desde los comienzos por establecer la naciente República ha padecido problemas sobre el ordenamiento del territorio en sentido político, geográfico, y de impacto económico. Los 200 años de vida republicana han sido una constante lucha territorial con diferentes matices: posesión de tierras productivas, concentración de la propiedad, distribución territorial en el marco de jurisdicciones político-administrativas, entre otras.

En relación a la ordenación territorial de carácter político-administrativo cuenta con una característica notoria, que se cuestiona, que se proclama no debe ser la constante pero en el accionar no se contrasta, y es que nos hemos organizado de tal medida que los esfuerzos y los intereses se priorizan para lo central, dejando a la periferia en condición de vulnerabilidad.

Si analizamos el territorio colombiano, observaremos que los mayores niveles de pobreza multidimensional se ubican en los departamentos que conforman la limítrofe nacional, la costa caribe, la costa pacífica, el sur, región amazónica y oriente colombiano, en donde los índices alcanzan topes altísimos desde el 70% hasta el 98%. En los últimos años, en términos nacionales el índice se ha ubicado en el 16% promedio, en la ruralidad el porcentaje se encuentra en 31,1 %  mientras que cabeceras  se promedian en 11,5 %.

Estas oscilaciones resultan de las observaciones y análisis de cifras presentadas por el DANE, y ratifican que las desigualdades en el país son mucho más profundas en las zonas periféricas que en las zonas del centro. Esta es una razón para comprender también como el centralismo político se tiende a robustecer tanto en la toma de definiciones del carácter nacional, como en la priorización de políticas económicas, culturales, y  sociales.

Las regiones periféricas han tenido que batallar esos vacíos estatales en medio de no solo la profundización de la pobreza, sino también en la presencia activa del conflicto armado que intentamos superar. Las comunidades han esperado que el proceso de paz traiga tranquilidad a sus territorios y con ella la intervención estatal ausente en tantos años.

Pero si en esas condiciones, la regiones de frontera han tenido que padecer múltiples vicisitudes, estas problemáticas ahondan cuando aparecen circunstancias que no son del dominio del hecho humano, cualquier eventualidad natural que se presenta en estas zonas es una agudización más de la vulnerabilidad social en la que habitan millones de colombianos.

En enero de 2023 el suroccidente colombiano fue escenario de un deslizamiento de tierra, provocado por el fuerte invierno, que trajo como consecuencia la desaparición de la vía principal que comunica y conecta al departamento de Nariño con el resto del país. A 4 meses del suceso el departamento de Nariño ha estado en el límite de sus posibilidades tratando de sobrellevar una crisis económica y ambiental que de por si es difícil y en sus circunstancias de ser un departamento periférico aún más

Tenemos un norte de Nariño en donde las cosechas, el tránsito, las vidas humanas se encuentran de manera caótica, es en esta parte del departamento donde más se han manifestado las consecuencias de la ola invernal. Pero en el sur del departamento, en más de 13 municipios de frontera, también llueve, también se taponan e inundan vías intermunicipales, también se  presentan deslizamientos que  cobraron vidas humanas y animales, se han perdido cosechas, cultivos y también se tiene un complejo volcánico que ha manifestado múltiples sismos en los últimos meses.

Si a nivel nacional el centralismo ha abandonado las regiones de periferia, en estas mismas regiones se replica la característica centralista nacional. En ese entendido la zona de frontera sur del departamento, está doblemente aislada, rezagada por entes gubernamentales de orden nacional y departamental.

El pasado 27 de abril del 2023 en la ciudad de Pasto se citó a sesionar la comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, solicitada por la Senadora Esmeralda Hernández y acompañada por el Representante a la Cámara Erick Velasco. Una sesión importante que de alguna manera se reivindica con esa constante características de solo opinar y accionar desde Bogotá.

El escenario en mención dejó algunos elementos importantes sobre las acciones que se ejecutan y ejecutarán en el departamento las cuales son:

  • Creación de Fondo de Intervención Colectiva por 2850 millones de pesos para maquinaria amarilla.
  • Se estable priorización de FIC para 5 municipios del norte de Nariño donde mitigar los efectos de la emergencia invernal son de extrema urgencia.
  • Se anunciaron 8 proyectos de obras de mitigación para puntos críticos por 68 mil millones.

Estos anuncios son de altísima importancia y deben hacerse en tiempos inmediatos, pues si bien existe hoy una vía alterna por la que ya han pasado más de 400 mil vehículos, la crisis aún no se disminuye y los entes territoriales demandan mayor acompañamiento estatal para sus comunidades.

La Senadora Hernández ilustró el impacto de la ola invernal en cifras sobre derrumbes, vías afectadas, vidas humanas perdidas, afectación a los animales, incidencia ambiental y crisis social general que nos lleva nuevamente a la conclusión de que la medida urgente e imperativa es la declaración de Emergencia Económica en Nariño de parte de Gobierno Nacional, en eso fueron enfáticos los 13 alcaldes convocados a la sesión de Senado, hoy ese llamado esperamos sea atendido.

Pero si causa extrañeza que en medio de una sesión de Senado para tratar asuntos de este departamento, no se hayan escuchado las voces de mandatarios de otras regiones del departamento, en este caso hago mención a los municipios de la Exprovincia de Obando en donde la crisis provocada por el derrumbe también ha  generado estragos económicos y sociales. Un territorio con el 75% de actividad económica dedicada a la agricultura se ve afectada por la falta de conectividad al no tener por donde sacar  la producción agropecuaria, miles de toneladas de leche y papa represadas, y cientos de familias campesinas, comerciantes, y empresarios en el límite de sus acciones  al verse acorralados en una zona en la cual no pueden moverse.

A finales del mes de enero, en la ciudad de Ipiales, se llevó a cabo un Consejo de Ministros para abordar la problemática reciente, en ese espacio se hizo entrega de un documento realizado por las organizaciones sociales de Nariño el cual contenía algunas sugerencias para menguar la crisis a tiempo.

Se había contemplado la compra de producción lechera y papera que aún falta materializarse, pero el campesinado padece una dificultad, la gran mayoría de productores de esta región, no cuentan con asociaciones, ni personerías jurídicas para hacer la compra-venta con gobierno nacional, a esa situación urge darle una salida pronta pues están a la perdida un gran número de productores.

Esta columna de opinión no quiere ser puesta como memorial de agravios, pero si como un llamado a que parlamentarios, Gobernación de Nariño, también volteen la vista a una región fronteriza que tanto aporta al departamento y a la nación. La zona fronteriza del sur también hace parte de esa Colombia que se quiere transformar, en esta región hay mucho por hacer, por acá tampoco escampa, ni la lluvia ni la crisis.

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