Jueza nariñense rechaza la solicitud de preclusión del expresidente Uribe.
Por: Darío Martinez Betancourt.
Exsenador de la República
En medio de estas fieras se hallaba la jueza 28 del Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, bajo cuya jurisdicción se encuentra el caso. No era un grupo colegiado, como en un tribunal o una corte, sino una sola ciudadana calificada por sus conocimientos, su talante y su juramento de imparcialidad para representar la majestad de la Justicia y, en última instancia, la independencia de poderes que es base de la democracia. Nacida hace una cuarentena de años en Ancuyá, Nariño, un pueblo de siete mil habitantes distante dos horas de Pasto, la doctora Ortiz se graduó de abogada en 1998 en la Universidad Santo Tomás de Aquino, se especializó en la Nacional y en 2000 empezó su carrera en la judicatura, donde ha ocupado diversos cargos y presidido despachos en la rama penal. Quienes la conocen la describen así en la prensa: “Tiene la capacidad para sacar adelante el proceso y juzgar sin distingos políticos”… “Es persona seria, juiciosa y de bajo perfil”… “Está al frente de un equipo de trabajo muy bueno”… (…)
Pero el uribismo no supo calibrar el coraje innato de los nariñenses. Los pastusos no le tuvieron miedo a Bolívar, mucho menos iba a temblar ante Uribe la ancuyana Ortiz. Código y Constitución en la mano, la jueza demolió el deleznable alegato de Jaimes. Las causales de preclusión que señala el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal son siete. Ninguna sirvió para decretar la impunidad del acusado. Es más: la jueza le tiró las orejas al fiscal por la pobreza de sus conocimientos de Derecho. (La famosa y prendediza mediocridad del mandato). (…) A ese democrático momento luminoso me refiero. El instante en que una mujer nacida en la provincia lejana pone en su sitio a una jauría de abogados al servicio del político más poderoso del país y, en pronunciamiento sosegado e intachable, dice: “Negada la petición. El proceso sigue adelante”.