Por: Pablo Emilio Obando A.
Hay momentos en la historia política de un país en los que el poder deja de ser una cómoda silla administrativa y se convierte en una encrucijada moral, jurídica y política. El RECIENTE y ambiguo pronunciamiento del gobernador del departamento de Nariño, al sumarse, y luego retractarse, al coro de mandatarios regionales que anuncian su decisión de no acatar el decreto presidencial que declara la Emergencia Económica, sitúa al departamento —y a su dirigente— en uno de esos momentos críticos.
No se trata de un simple desacuerdo técnico ni de una diferencia menor en la interpretación de la ley. Estamos frente a un acto que roza los límites de la institucionalidad y que abre un debate de enormes proporciones: ¿hasta dónde puede llegar la autonomía territorial frente a una decisión excepcional del Ejecutivo Nacional?
Desde el punto de vista jurídico, la declaratoria de Emergencia Económica es una herramienta constitucional extraordinaria, diseñada para enfrentar situaciones igualmente extraordinarias. No es un capricho presidencial, sino una facultad regulada, temporal y sometida al control de la Corte Constitucional.
Que un gobernador anuncie públicamente su desacato implica una peligrosa señal: la normalización de la desobediencia institucional desde el poder mismo. No se trata de resistencia civil desde la ciudadanía, sino de un funcionario que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. El precedente es grave: si cada mandatario territorial decide qué decretos acata y cuáles no, el Estado de Derecho entra en una zona gris, resbaladiza y peligrosa.
En lo económico, la postura del gobernador plantea interrogantes inquietantes. Nariño es uno de los departamentos históricamente más dependientes de la inversión y el apoyo del Estado central. Programas sociales, infraestructura, salud, educación y atención a poblaciones vulnerables están profundamente ligados a decisiones nacionales.
¿Puede Nariño darse el lujo de quedar en una posición de confrontación abierta con el Gobierno Nacional en medio de una emergencia económica? ¿Quién asume el costo si la tensión política se traduce en retrasos, bloqueos administrativos o pérdida de confianza institucional? En este punto, la rebeldía discursiva puede convertirse en un castigo silencioso para la población, no para los dirigentes.
En el plano político, la situación es aún más ambigua. El gobernador parece marcar distancia del Pacto Histórico, reconoce errores y equivocaciones del presidente y se presenta como una voz crítica, autónoma, casi disidente. Esta postura puede leerse de dos maneras.
La primera, como un acto de responsabilidad política: reconocer que el Gobierno Nacional se ha equivocado y que las regiones deben alzar la voz cuando las decisiones centrales no responden a la realidad territorial. Bajo esta lectura, el gobernador intentaría proteger a Nariño de medidas que considera dañinas.
La segunda lectura —más incómoda, pero inevitable— es la del cálculo electoral anticipado. Tomar distancia del Gobierno en un momento de desgaste presidencial puede ser una jugada estratégica para reposicionarse políticamente, conservar capital electoral y proyectarse como una figura “independiente”, crítica y moderada frente a un Ejecutivo cada vez más cuestionado.
Socialmente, el mensaje es contradictorio. Por un lado, se estimula la idea de que la autoridad puede desobedecerse cuando no conviene; por otro, se alimenta la desconfianza en las instituciones y se profundiza la polarización.
En un departamento históricamente golpeado por la violencia, la pobreza y el abandono estatal, la incertidumbre institucional no es un lujo menor, es un riesgo real. Es por eso que el pronunciamiento ambiguo y vacilante del mandatario de los nariñenses, no deja de ser inquietante y desconcertante.
El gobernador de Nariño se encuentra, sin duda, en una encrucijada: obedecer un decreto impopular y asumir el costo político, o desobedecerlo y cargar con las consecuencias jurídicas, económicas y sociales. La pregunta de fondo no es solo si su postura es legal o conveniente, sino a quién beneficia realmente.
¿Beneficia a Nariño una ruptura abierta con el Gobierno Nacional en medio de una emergencia? ¿O estamos ante una coreografía política cuidadosamente calculada, donde la crítica al presidente sirve más como plataforma personal que como defensa real de los intereses regionales?
La historia, como siempre, terminará juzgando. Pero mientras tanto, Nariño camina por esa delgada línea donde la rebeldía puede confundirse con valentía… o con oportunismo. Esa es, precisamente, la encrucijada del diablo
