Pablo Emilio Obando A.
“La realidad que se vive en las aulas, falta de compromiso y de empatía, falta de recursos y de profesionales que estén dispuestos a que la inclusión educativa sea una realidad y no una fantasía cómo hasta ahora .
Bullying a los estudiantes, acompañados de falta de experiencia no solo para enseñar sino para entender.
La educación para PcD se centraba en recibirlos darles un cupo llenar lista y copias para pintar!
Sí, ahora ha mejorado pero todavía está lejos de ser justa e inclusiva
Tienen a chicos hasta los 18 años y les dan título de bachiller sin saber leer ni escribir, pero expertos en colorear copias, en otros casos los padres deben dejar de trabajar para estar con ellos en la escuela.
Necesitamos más que una circular necesitamos acciones y cambios estructurales desde el pensamiento del conserje que abre una puerta hasta los directivos de cada institución y más acción desde la secretaría de educación que parece que poco escucha este llamado”.
Arelis Pantoja Reyes.
Ciberlectora.
En el lenguaje solemne de las normas, la Circular 024 del 31 de marzo de 2026 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia se presenta como un avance firme en la garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad. En sus líneas, cuidadosamente estructuradas, se habla de dignidad, de equidad, de trayectorias educativas protegidas y de un sistema que, en teoría, no deja a nadie atrás. Sin embargo, cuando ese discurso desciende de los escritorios ministeriales a las aulas de San Juan de Pasto, la realidad adquiere matices más complejos, incluso contradictorios.
El documento es claro al establecer que la inclusión no es una opción, sino una obligación. No se trata únicamente de permitir el ingreso de estudiantes con discapacidad al sistema educativo, sino de garantizar su permanencia, su aprendizaje y su desarrollo integral. Para ello, introduce herramientas como el PIAR, fortalece el papel de los docentes de apoyo y exige a las secretarías de educación una planeación rigurosa. En teoría, estamos ante un modelo educativo más humano, más justo y más consciente de la diversidad. Pero la pregunta inevitable persiste, casi como un eco incómodo: si esa arquitectura normativa es tan sólida, ¿está realmente Pasto en condiciones de sostenerla?
La experiencia local muestra que la educación inclusiva ha sido, durante años, más una aspiración que una realidad consolidada. Las instituciones educativas oficiales enfrentan tensiones estructurales que no pueden ser ignoradas, y es allí donde la exigencia normativa comienza a revelar sus fisuras. La alta densidad estudiantil, la insuficiencia de docentes de apoyo, la limitada formación especializada y las carencias en infraestructura configuran un escenario en el que la inclusión, aun siendo legítima, se vuelve difícil de materializar en términos reales. En ese contexto, herramientas como el PIAR, concebidas como instrumentos de garantía, pueden transformarse en cargas administrativas que recaen sobre docentes que ya operan al límite de sus capacidades, desplazando el sentido pedagógico hacia el cumplimiento formal.
Uno de los elementos más contundentes del documento es el principio de no regresividad, una disposición que, leída con atención, trasciende lo técnico para convertirse en una advertencia institucional. Ningún derecho ya reconocido puede ser disminuido, lo que implica que los apoyos existentes no pueden ser retirados, que los traslados no pueden realizarse sin garantías reales y que la inclusión no puede convertirse en una simulación administrativa. Este principio interpela directamente a las entidades territoriales y, en el caso de Pasto, obliga a revisar no solo la política educativa en su formulación, sino en su ejecución concreta, donde históricamente han existido brechas entre lo que se declara y lo que efectivamente ocurre en las aulas.
La Circular también propone un modelo de co-enseñanza que, en el plano conceptual, representa un avance significativo al promover la corresponsabilidad entre docentes de aula y docentes de apoyo. Sin embargo, en la práctica, esa propuesta se enfrenta a limitaciones evidentes cuando el número de profesionales de apoyo resulta insuficiente para cubrir la demanda existente. En muchos casos, la responsabilidad termina recayendo casi por completo en el docente titular, quien debe responder simultáneamente por la diversidad del grupo sin contar con las condiciones necesarias para hacerlo de manera efectiva, lo que genera una tensión permanente entre la intención pedagógica y la realidad operativa.
En este escenario emerge un riesgo que no puede ser subestimado: el de una inclusión meramente formal. Se trata de una dinámica en la que los estudiantes están matriculados, los documentos están diligenciados y los procedimientos parecen cumplirse, pero en el fondo no existen transformaciones reales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La presión por cumplir indicadores puede conducir a decisiones que priorizan la apariencia de cumplimiento sobre la calidad educativa, generando una brecha silenciosa entre la norma y la experiencia concreta de los estudiantes. Esta situación no es ajena a la realidad de Pasto, donde las instituciones, con recursos limitados, hacen esfuerzos significativos que, sin embargo, no siempre logran traducirse en resultados sostenibles.
La Circular, por otra parte, plantea una responsabilidad compartida que involucra a directivos, docentes, familias y comunidad. No obstante, esta corresponsabilidad se vuelve problemática cuando no existen condiciones equitativas para asumirla. En muchos casos, las familias terminan supliendo las falencias del sistema, los docentes amplían su labor más allá de lo exigible y las instituciones intentan sostener un modelo que requiere un respaldo estructural más sólido. En ese contexto, la inclusión deja de ser únicamente una política pública para convertirse en una carga distribuida de manera desigual entre los actores del sistema educativo.
La Circular 024 no puede ser leída como un documento menor. Es, en esencia, un intento por corregir fallas estructurales y evitar retrocesos en la garantía de derechos. Pero también funciona como un espejo que refleja, con claridad, las tensiones no resueltas del sistema educativo colombiano. En Pasto, ese espejo devuelve una imagen que combina voluntad institucional con limitaciones materiales, compromiso docente con insuficiencia de recursos, y una normativa avanzada que aún no encuentra plena correspondencia en la realidad.
La inclusión, para dejar de ser un ideal y convertirse en una experiencia tangible, exige mucho más que lineamientos técnicos. Requiere decisiones políticas sostenidas, inversión real, formación docente continua y, sobre todo, una comprensión profunda de que educar en la diversidad no es un trámite administrativo, sino un compromiso ético que define la calidad y la dignidad del sistema educativo en su conjunto.
