La justicia cojea, pero no llega… a Nariño

La Contraloría General de la república en fecha 24 de abril de 2020 informaba a los nariñenses que existían presuntos indicios de corrupción en el manejo del presupuesto covid19 en esta sección del país. En los medios de información nacional se prendieron las alarmas pues los escándalos se suscitaban por doquier y Nariño No era la excepción, por el contrario, era una de los departamentos en los cuales existían indicios de una perversa corrupción que impedía la llegada de recursos a los más afectados por la pandemia.

Ya hace más de un año se pronunciaban de esta manera algunos periodistas, alarmados por lo que estaba sucediendo en nuestra región: “El ente control determinó la intervención funcional de oficio de dos contratos en los que se invierten 2.200 millones de pesos. Otro contrato para la compra de suministros, equipos médicos y accesorios hospitalarios se había intervenido en las últimas horas por un monto superior a los 5.930 millones de pesos”, no obstante, los escándalos no cesaban y la opinión publica elevaba su voz para que se aclare en el menor tiempo posible estos hallazgos que comprometían seriamente el presupuesto covid19 en esta sección del país.

Llamó poderosamente al ente de control los exagerados costos de transporte de kits alimenticios que, extrañamente, superaba el valor de la mercancía que se transportaba hacia diferentes municipios del departamento de Nariño, de acuerdo a medios periodísticos nacionales “Los contratos tienen serios reparos ante los supuestos altos costos en productos pero en especial el valor del transporte, según el ente control en uno de los contratos llega a un valor de $47.500 por kit, varios sectores y veedores habían solicitado la revisión a fondo en la contratación”.

Se anuncian investigaciones y posibles sanciones para los implicados en este caso de presunta corrupción, pero hasta el momento, ya transcurrido un año de los sucesos bochornosos, no se ha pronunciado ni el ente de control ni mucho menos la gobernación de Nariño. Un mutismo que asusta y que nos hace creer que los tentáculos de la corrupción son tan poderosos que tiene el poder de engavetar aun las denuncias más graves y con serios fundamentos.

La Contraloría General de la república, la Fiscalía General de la Nación y la procuraduría general de la nación anuncian con bombos y platillos investigaciones exprés que permitan sancionar y castigar a los culpables de estos actos de corrupción que impiden la llegada de valiosos y cuantiosos recursos a la población más vulnerable de Colombia y del departamento de Nariño. Pasan los días, los meses y los años y no se conoce de medida alguna que nos permita conocer la responsabilidad de los implicados.  Por el contrario, después de anunciar estas medidas, se encierran en un soterrado silencio que indica que algo extraño ocurrió en su interior.

Se decreta una intervención funcional por parte de los entes de control y se determina que “producirá los efectos legales, los cuales deberán ser cumplidos de manera inmediata por parte de los servidores de la Contraloría General de la República y en especial, por las contralorías territoriales en cuanto a la transferencia de la titularidad funcional y la suspensión de actividades de vigilancia y control en curso y el envío de las diligencias respectivas en los plazos dispuestos en la norma”. De Guatemala a Guatepeor, como se dice y expresa en el argot popular, pues transcurrido más de un año seguimos en las mismas y en total impunidad.

Igualmente se conoce de otros contratos cuestionados por presuntos sobrecostos y exagerados pagos por pate de la Gobernación de Nariño: “En el caso de Nariño se tiene la lupa en el proceso de contratación directa GN1307-2020 que tiene como fin la compra de insumos, equipos y elementos hospitalarios para atender la emergencia producida por el COVID-19, el contrato fue firmado por un valor de $5,931,805,375 entre la Gobernación de Nariño y International Hospital Supplies S.A.S y su representante legal Segundo Yobanni Izquierdo Estrella”. Empiezan a parecer contratos con presuntas irregularidades que ameritan una seria investigación por los entes de control nacional, al respecto se pronuncian en el siguiente sentido: “La Contraloría ha tomado esta decisión de entrar a vigilar con alta rigurosidad varios contratos luego de conocer algunos casos en el ámbito nacional que aprovechan la difícil situación a causa del  covid-19 para robar los recursos públicos”.  Y en el mismo informe se expresa que
“En una nota publicada el 10 de abril de 2020, en el portal digital Las 2Orillas, se hace una denuncia directa a la gobernación de Nariño frente al manejo de los recursos destinados para atender la pandemia del covid-19: El gobernador de Nariño, John Rojas, designa como gerente COVID-19 al exsecretario de hacienda departamental, Mario F. Benavides, que afronta graves y serias investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República, así se informa en nota de  RCN Radio  de 19 septiembre de 2019”.

Los escándalos no cesan, los medios continúan informando sobre  presuntas irregularidades en contratación durante la pandemia covid19 en Nariño: “Gobernación de Nariño: esta gobernación estipuló un contrato para comprar insumos, equipos y elementos hospitalarios por un valor de más de 5.000 millones de pesos, de 15 referencias de productos la Contraloría evidenció que 10 tienen un presunto sobrecosto, “cada referencias analizada y adquiridas por el ente territorial en $1.046.140.947, tienen un presunto sobrecosto del 45%, dado que su valor en el mercado, según cotizaciones, es de $722.849.486 (es decir, $323.291.461 menos)”.

Son innumerables los hallazgos de presuntos actos de corrupción en la Gobernación de Nariño, hechos que aún no se aclaran y que continúan en espera de un efectivo pronunciamiento por los respectivos entes de control. No es fortuito afirmar que en Nariño la corrupción cojea… pero no llega; se engaveta en copiosos folios y en oficinas de funcionarios que, aparentemente, saben cómo realizar las jugaditas que se requieren para que todo quede en la impunidad y en las sombras de la corrupción.

Instamos a los entes de control para que nos brinden una explicación razonable, que nos permita entender cómo fue posible que millonarios recursos se pierdan en momentos tan críticos y difíciles para los nariñenses, especialmente para los más vulnerables que vieron como esos dineros nunca llegaron realmente a sus verdaderos destinatarios.

No podemos seguirle el juego a la corrupción, a la impunidad, a esos silencios que nos obligan a pensar que en Colombia y en Nariño es posible hacerle quite a la justicia mediante argucias y trapisondas que comprometen su actuar y correcto proceder.

Que no se perpetúe en nuestro departamento aquella manida frase de que la justicia solo es para los de ruana, para aquellos que se roban un caldo de gallina o un miserable plato de comida.  Los nariñenses exigimos claridad, justicia y verdad. No más impunidad que compromete el futuro de nuestra gente y sus regiones.

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