Por Omar Moreno Jaramillo
La reforma del presidente Gustavo Petro, busca hacer un revolcón en todo el sistema para priorizar la cobertura, la atención y la prevención de enfermedades. Las críticas y halagos a la reforma del sistema de salud están por todo lado ahora que se ha radicado el proyecto de ley en el congreso. Temas como el déficit en la atención, la cobertura, la calidad del servicio, la continuidad o no de las EPS, son solo algunos de los comentarios sobre los que ha girado la discusión de esta reforma. Por lo anterior, realizo un análisis como ciudadano colombiano y usuario del sistema de salud.
El proyecto busca que el sistema de salud sea equitativo, llegue a cada rincón del país y brinde atención primaria y oportuna a las poblaciones más marginadas. El modelo enfatiza en la Atención Primaria en Salud (APS) donde está el 80% del riesgo de morbimortalidad hoy en día. Las Empresas Promotoras de Salud –EPS- deben convertirse en Instituciones Prestadoras de Salud de primer nivel, con énfasis en medicina preventiva y la promoción de la salud.
Cabe resaltar que las Empresas Promotoras de Salud –EPS- no administrarán los recursos públicos, se creará un fondo único público de salud que será regido por la Administradora de Recursos para la Salud –ADRES- quien se encargará de garantizar el flujo, la administración y control de los recursos del Sistema de Salud, así como de realizar los pagos, los giros directos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, y adelantar las transferencias que correspondan a los diferentes agentes del sistema.
En el tema del modelo de atención hay un cambio sustantivo porque al ajustar las EPS, es de suponer que se acaba con el aseguramiento, es decir se pasaría de la afiliación a la “adscripción”. El proyecto indica que todos los ciudadanos deberán estar adscritos a un CAPS en función de la cercanía a su lugar de residencia. La reforma planea crear una serie de equipos médicos que visitarían uno a uno los hogares para identificar enfermedades y situaciones de riesgo. ¿Si hay capacidad instalada de: personal, logística, recursos para realizar las visitas domiciliarias?
Las EPS que no estén en proceso de liquidación, acordarán con base en el reglamento que establezca el Gobierno Nacional, las reglas para la entrega de la población afiliada al nuevo aseguramiento social en salud. Es decir, dejarán de tener afiliados. Se convertirán en prestadoras de servicios de salud a través de sus clínicas y hospitales.
Los CAPS serán financiados directamente con recursos de los Fondos Municipales de Salud y todos sus trabajadores serán empleados públicos o trabajadores oficiales, no por OPS (Órdenes de Prestación de Servicios). El fortalecimiento del talento humano en los hospitales es importante en cuanto a su vinculación laboral, ya que garantizará estabilidad laboral.
En cuanto a las finanzas habrá mayor control del riesgo fiscal y financiero de los hospitales y tendría una inyección muy importante de capital para garantizar la sostenibilidad financiera de los hospitales y los CAPS, Centros de Atención Primarios de Salud, siempre y cuando el Ministerio de Hacienda y Salud realicen las apropiaciones presupuestales suficientes. Se propone crear 2.500 centros de atención primaria, entre públicos, privados y mixtos, en todo el país que podrán ser administrados por las EPS.
Se termina el régimen subsidiado y contributivo y se crea Sistema Único Universal.
Desde luego hay observaciones a la reforma, aspectos a ajustar o mejorar, entre ellos se puede mencionar:
Para que haya un buen tratamiento debe haber un buen diagnóstico. A través de ellos será la puerta de entrada a la población a través de los CAPS, pero no se ha dicho con claridad el proceso de conexión con instalaciones de mediana y gran complejidad.
Otro tema a revisar a nivel operativo y de seguridad médica es que se elimine las autorizaciones de las EPS que se le exigen al paciente para cumplir con las órdenes médicas recibidas para la prestación del servicio con especialistas, tratamiento de enfermedades de alto costo y crónicas.
La salud de los colombianos quedará en manos de políticos locales. Gran parte de los recursos serán girados a “Fondos Territoriales”. Es probable que solo atenderán si se es amigo del gobernante de turno. Preocupa dejar en manos de gobernadores y alcaldes, quienes nombraran a dedo a funcionarios, contrataran el suministro de medicamentos, manejaran los recursos, determinan a quien contratar y como pagar. Se crearan los Consejos Territoriales y Regionales de Salud, preocupa que quede en manos de personal no experta o con perfil distintos a la salud.
Se busca darle un papel protagónico a la NUEVA EPS, EPS del Estado colombiano, entidad que tiene billonarias deudas. Hoy el Estado o el ADRES no tiene la capacidad de auditar cuentas médicas a nivel nacional y no se tiene definido el proceso de aseguramiento.
En el financiamiento, con la propuesta de que el ADRES se convierta en un fondo público único, la inspección y vigilancia de los recursos debería estar a cargo tanto de la Superintendencia Nacional de Salud como de la Superintendencia Financiera porque dicho fondo tendría que manejar billones de pesos.
Es hora de que el país tenga sistemas unificados de información, como la historia clínica electrónica unificada y preocupa la baja capacidad instalada hospitalaria en los territorios.
Si se terminan las Empresas Promotoras de Salud EPS y al cabo de los años de transición, las funciones referentes a las EPS o las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) quedan derogadas, ¿cuál será el futuro de los trabajadores de las EPS que están en funcionamiento en este momento?. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) reveló una encuesta que señalaba que el 63% de los colombianos no quiere eliminar las EPS, pese a valorar la necesidad de reformas.
Para poner fin a la larga especulación sobre las EPS, el texto de la reforma no las elimina, pero sí las interviene con tres actividades a ejercer: primero, crear y administrar Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) de los territorios asignados; segundo, administrar los sistemas de referencia y contra referencia de las personas vinculadas a sus CAPS y tercero, ejecutar las auditorías contratadas que requiera el Sistema de Salud.
Existe un artículo en que se solicita facultades extraordinarias al presidente para expedir normas con fuerza de ley, lo que dejaría sin funciones al congreso sobre temas de salud.
Un tema de mucha importancia es definir si el proyecto de ley debe tramitarse como ley ordinaria o estatutaria y no tenga problemas de constitucionalidad ante el órgano competente. Hay voces de que se debe tramitar estatutariamente ya que modifica la ley estatutaria 1715 del 2015 vigente, porque establece regulaciones a derecho fundamental a la salud, participación ciudadana y consulta previa.
En resumen, los principales cambios que se quieren implementar en el sistema de salud son:
- La administración pública de los recursos públicos
- El fundamento de la atención primaria en salud
- Creación de un régimen laboral especial
- La salud como un determinante social, y
- La creación de un sistema público de información en línea.
¡EL CONGRESO TIENE LA PALABRA!