Pablo Emilio Obando Acosta
Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Mientras el debate público se consume entre discursos ideológicos, confrontaciones políticas y campañas electorales anticipadas, los grandes problemas nacionales continúan creciendo, profundizándose y afectando la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
El verdadero drama del país no es la izquierda ni la derecha. No es el progresismo ni el conservadurismo. El gran problema de Colombia es que hemos permitido que la ideología sustituya las soluciones, que los discursos reemplacen los resultados y que las consignas terminen ocupando el lugar de las políticas públicas eficaces.
La seguridad es, sin duda, uno de los problemas más graves que enfrenta la nación. El deterioro del orden público en numerosas regiones del país, las amenazas de los grupos armados ilegales, las extorsiones, los bloqueos de vías, las tomas de carreteras y la creciente sensación de inseguridad han generado un ambiente de incertidumbre que afecta la inversión, el empleo y el desarrollo económico. No existe crecimiento sostenible cuando los ciudadanos viven con miedo y los empresarios carecen de garantías para producir, invertir y generar oportunidades.
A la crisis de seguridad se suma la profunda crisis de la salud. Los colombianos enfrentan diariamente dificultades para acceder a medicamentos, tratamientos especializados, citas médicas y procedimientos oportunos. Las quejas aumentan mientras la incertidumbre se apodera de pacientes, profesionales y prestadores de servicios. La salud, que debería ser un derecho garantizado con eficiencia y dignidad, se encuentra atrapada en un escenario de improvisación, desfinanciación y conflictos institucionales que terminan perjudicando a quienes más necesitan atención.
En materia económica, el panorama tampoco resulta alentador. El déficit fiscal, el aumento de la deuda, la disminución de la confianza inversionista y la incertidumbre frente a las reglas del juego generan preocupación legítima. El país requiere disciplina fiscal, responsabilidad administrativa y una visión estratégica de largo plazo. No se puede gobernar desconociendo las realidades económicas ni creyendo que los recursos públicos son infinitos. La estabilidad financiera de una nación constituye el fundamento de cualquier proyecto de desarrollo social.
Pero quizás uno de los males más persistentes y destructivos sigue siendo la corrupción. Cada año se pierden cantidades gigantescas de recursos que deberían destinarse a educación, salud, infraestructura y programas sociales. La corrupción no distingue ideologías ni partidos. Ha logrado infiltrarse en distintos niveles del Estado y se ha convertido en una de las principales causas de la desconfianza ciudadana. Mientras los organismos de control muestran limitaciones y la impunidad continúa siendo elevada, el saqueo de los recursos públicos sigue privando a millones de colombianos de oportunidades fundamentales.
La educación merece un capítulo aparte. Colombia continúa atrapada en un modelo educativo que parece diseñado para responder a las necesidades del siglo pasado. Mientras el mundo avanza hacia la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, la biotecnología y la economía del conocimiento, nuestras instituciones educativas siguen enfrentando enormes dificultades para modernizar sus currículos y preparar a las nuevas generaciones para los desafíos de la quinta revolución industrial.
Han transcurrido más de veinticinco años del siglo XXI y aún seguimos discutiendo problemas que otras naciones resolvieron décadas atrás. La inversión en ciencia, tecnología e innovación continúa siendo insuficiente. Los avances son aislados y muchas veces más simbólicos que estructurales. Colombia necesita una auténtica revolución educativa liderada por visionarios capaces de comprender las transformaciones del mundo contemporáneo y de preparar al país para competir en escenarios globales.
Otro problema que merece especial atención es el crecimiento descontrolado de la burocracia. Las entidades públicas han sido convertidas, en muchos casos, en instrumentos de clientelismo político. El mérito ha sido desplazado por las recomendaciones, la capacidad por los favores y la eficiencia por la complacencia. El resultado es un aparato estatal cada vez más costoso, menos eficiente y más distante de las necesidades reales de los ciudadanos.
A ello se suma una creciente crisis de confianza. La ciudadanía observa con preocupación cómo los gobernantes prometen cambios profundos durante las campañas, pero una vez llegan al poder terminan reproduciendo las mismas prácticas que criticaban. El populismo y la demagogia han ganado terreno frente al rigor técnico, la planeación y la responsabilidad institucional. Los discursos abundan; las soluciones escasean.
Por eso, cuando Colombia se acerca a un nuevo ciclo electoral, la discusión no debería centrarse exclusivamente en etiquetas ideológicas. El país necesita liderazgo, experiencia, conocimiento y capacidad de ejecución. Necesita un presidente y un vicepresidente preparados para gobernar, con trayectoria comprobada, solvencia intelectual y una visión clara de nación.
Los desafíos son demasiado grandes para seguir improvisando. Seguridad, salud, educación, economía, lucha contra la corrupción, modernización del Estado y recuperación de la confianza ciudadana deben convertirse en prioridades inaplazables.
La pregunta fundamental no es quién grita más fuerte ni quién representa mejor una corriente ideológica. La verdadera pregunta es quién tiene la capacidad, el conocimiento y la voluntad para resolver los problemas reales de Colombia.
Porque mientras seguimos enfrascados en disputas ideológicas interminables, los problemas continúan creciendo. Y el tiempo, como siempre, corre en contra de la nación.
El 21 de junio usted decide.
