¡Nariño pueblo rebelde! Mientras el precio de la gasolina lo permita

Por: Armando Rosero.

Politólogo.

Especialista y magister en Planificación Urbana y Regional

A través de esta serie de breves artículos pretendo someter en consideración de la comunidad nariñense, algunos argumentos y reflexiones en torno al debate regional suscitado frente al proyecto de reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que contempla la eliminación del beneficio tributario al precio de los combustibles en zona de frontera.

Diversas posturas se han generado al respecto. De un lado, aparecen posiciones críticas que anuncian el impacto negativo en los costos de vida de los hogares, sosteniendo que el aumento de los combustibles ocasionaría de forma automática, un incremento en el costo de los insumos y del transporte, lo que a la postre significaría un alza en el valor final de los alimentos. Por el otro, los consumidores sostienen que la distribución de los combustibles con precio diferencial es intermitente y nunca llega a final de mes, por tal razón no afecta su bolsillo.

Más allá de las posturas expuestas existe una frase que ha despertado mi interés en este asunto y ha motivado la búsqueda de datos que corroboren o subviertan su contenido: la pérdida del subsidio a la gasolina privará al departamento de los múltiples beneficios que este genera.

La información obtenida me permitirá afirmar que su contenido es parcialmente cierto, y para demostrarlo, propongo abordar el tema en tres o cuatro entregas posteriores. Ya veremos cuántas. Por ahora, baste decir que un argumento como el anunciado arriba, genérico e impreciso, es cuando menos, tendencioso, y su replicabilidad impide identificar el verdadero problema de fondo: más allá de los esfuerzos de los gobiernos departamentales, en Nariño persiste la inhabilidad de construir una agenda de desarrollo y transformación productiva de largo plazo, apalancada, entre otros, por el valor diferencial de los combustibles.

Es decir, de nada sirve tener gasolina o ACPM barato para llenar los tanques de carros, motos y camiones, si nuestro aparato productivo no se moderniza, tecnifica y desarrolla. Incluso, me atrevo a afirmar que después de dos décadas de su implementación las cosas en algunas subregiones siguen igual y en otras, especialmente en la costa pacífica, ha empeorado.

Para cuando se estableció el beneficio tributario, su propósito era combatir el contrabando de combustibles en las zonas fronterizas; habrá algún nivel de consenso si afirmamos que ese fenómeno ha dejado de ocupar un lugar preponderante en las agendas públicas. Por el contrario, este mecanismo – sin proponérselo – ha desviado y desenfocado los planes de desarrollo regional y condicionado la capacidad política e institucional de los gobiernos de turno que, en muchos casos, acorralados por la opinión pública y la exigencia de mantener el costo diferencial de los combustibles como presunto fundamento del desarrollo socioeconómico de Nariño. Nada más alejado de la realidad.

Pasemos de las palabras a unas primeras cifras generales tras 20 años de precio diferencial.

1. El beneficio tributario en el precio de los combustibles no significó un incremento de la productividad regional ni una transformación de su estructura productiva. De hecho, la medida principal del gobierno nacional se centró en enfrentar el contrabando de combustible, en detrimento del diseño e implementación de una política de desarrollo agropecuario e industrialización, que permitiera mejorar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de un departamento eminentemente rural.

2. Esta situación, sumada al bajo costos de los productos ecuatorianos, propició la consolidación de otra forma de contrabando, centrada en los alimentos, medicamentos y bienes de primera necesidad, que afectó directamente al aparato productivo local.

3. La llegada de compradores ecuatorianos propició la consolidación del sector servicios como base de la economía regional. Sin embargo, gran parte los bienes comercializados no son producidos en el departamento, razón por la cual este crecimiento no estuvo encadenado al crecimiento de otros sectores económicos como la agricultura y la industria manufacturera.

4. De hecho, según la información estadística oficial emitida por el DANE relacionada con las cuentas departamentales, los sectores económicos con mayor relevancia en el periodo comprendido entre 2006 a 2019 – previa crisis de la pandemia del Covid 19 -, son:

• El Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.
• La explotación de minas y canteras.
• Actividades financieras y de seguros.
• La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
• La industria manufacturera.

5. Esta situación explica en cierta medida el bajo nivel de participación del departamento en el PIB nacional, aportando tan solo un 1.5%. Es decir, la suma del valor de todos los bienes y servicios producidos en Nariño entre 2007 a 2021 se ha mantenido constante, situación que reafirma el bajo impacto de este beneficio en el desarrollo territorial.

6. El precio de algunos alimentos de primera necesidad en la central de abastos del potrerillo y algunas plazas de mercado es similar e incluso superior a los establecidos en otros departamentos. Más allá de los costos de producción, la mayoría de los precios de comercialización de alimentos se establecen por las dinámicas del mercado nacional y no por los costos del combustible. En consecuencia, en algunas ocasiones estamos pagando casi lo mismo o un valor mayor por kilogramo de frutas, verduras y hortalizas.

7. En un departamento que se cataloga así mismo como la despensa alimentaria de Colombia, la participación promedio del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca entre 2007 a 2021 ha sido variable y en algunos casos negativa.

Ilustración 1 PIB sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Nariño 2007 – 2021

Fuente. Cuentas Nacional DANE, 2021

8. En consecuencia, la existencia de este beneficio tributario no propició un proceso de agroindustrialización y desarrollo logístico, que consolidará un mercado de producción y consumo local.

9. Según el índice de pobreza multidimensional del DANE, para el año 2021 la informalidad laboral afectó al 88% de los hogares del departamento, situación que se intensifica en las zonas rurales, especialmente en la zona pacífica y la zona de cordillera, en donde el 96.9% de los hogares campesinos se encuentran en esta situación.

10. Aunque se observa una reducción en la incidencia de la pobreza monetaria (47.6%) y pobreza extrema (14.2%), el 61.8% de los hogares se ubican por debajo de la línea de pobreza, esto es que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos.

11. Los municipios de Pasto (38.7%), Tumaco (12.1%) e Ipiales (8.6%), concentran el 59.4% del total del valor agregado generado en el departamento. Lo anterior deja en evidencia que los combustibles no son la base de la generación de riqueza como si lo son la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación superior que, en cierta medida, se concentran en estas ciudades.

12. El costo del transporte público intermunicipal es relativamente alto en comparación con los costos de pasajes terrestres en otros departamentos del país. Un pasaje en bus de Pasto a Tumaco cuesta entre 70.000 a 89.000 pesos en función del tipo de transporte a elegir. Un pasaje Pasto – Ipiales cuesta 25.000 pesos, un tiquete Pasto – Popayán cuesta 69.000 pesos y el trayecto Cali – Pasto cuesta alrededor de 84.000 pesos.

En este sentido, los costos de transporte intermunicipal no obedecen a la ventaja económica derivada de tener un precio diferencial en el valor de los combustibles, realidad que en poco o nada beneficia a las comunidades.

13. Existen algunos productos de primera necesidad que se comercializan desde otras regiones del país y son transportados con los costos logísticos establecidos en el mercado nacional. Los principales ejemplos son el pollo y los huevos, en donde la capacidad productiva no alcanza a satisfacer la demanda de consumo local. En consecuencia, su precio estará condicionado en su totalidad por la variación de precios en el mercado nacional, razón por la cual el beneficio tributario tampoco aporta una reducción de los costos de la canasta familiar en los nariñenses.

Estas reflexiones no apuntan a ir en contra del clamor popular de los nariñenses y mucho menos deslegitimar sus demandas. Incluso, esperan ser motivo de critica basada en información estadística contrastable, que permita construir una línea de base clara y actualizada. Al mismo tiempo es una invitación para el diseño e implementación de una agenda de desarrollo de largo plazo, alrededor de un nuevo mecanismo que nos permita mejorar los niveles de inversión pública y privada, fortalecer las entidades territoriales y consolidar la paz en nuestro departamento.

Estamos ante una situación extraordinaria, pero no por eso inconveniente. En un próximo articulo espero desarrollar algunas propuestas que promuevan el diálogo con distintas disciplinas, sectores y actores para avanzar como región.

Comentarios

Comentarios