Paziencia

“No sabemos lo que pasa y eso es precisamente lo que pasa”

Ortega y Gasset

“No sabemos lo que pasa y eso es precisamente lo que pasa”, caminamos a ciegas en un oscuro laberinto cuando de gestionar la paz y la transformación de conflictos se trata en Nariño.  Carecemos a nivel departamental de una estructura orgánica de levantamiento de datos e información, y más aún, de gestión del conocimiento sobre lo que estas cifras significan.  Como una de las más graves consecuencias, actualmente persiste un conflicto dentro de los diversos conflictos que azotan a nuestro departamento, el conflicto por el desencuentro entre disimiles formas de levantar información de paz y DDHH entre instituciones, actores de la sociedad civil y ONG`s, asunto que mina y ahonda el ya enorme abismo de desconfianza entre actores de desarrollo y construcción de paz en la región.

Cuando de construcción de paz y transformación de conflictos se trata, lo primero que busca alguna persona con marcado interés por estos procesos son datos, información y  conocimiento, y más en un departamento como Nariño, fuertemente impactado por la violencia, la criminalidad y las diferentes expresiones de los conflictos que hoy tanto como ayer, cortan de tajo la tranquilidad y el derecho fundamental a vivir en paz en todo el territorio.  Con marcadas dificultades en el acceso a la información, mucho más en la generación de conocimiento y tanto más en la innovación de procesos y proyectos para estos valiosos objetivos, estas personas terminamos mas que frustrados, tremendamente sorprendidos de que no exista siquiera un banco de conocimiento de acciones de paz en este departamento.

Estas dificultades pueden ser zanjadas a través del Observatorio de Paz y Convivencia Ciudadana, una herramienta que vio su luz en Nariño a través del Decreto 477 del 31 de octubre de 2016, y que se modifica y adiciona el 17 de mayo del año 2022 a través del Decreto 166, creando el Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana.  Como sabemos, por larga experiencia en Nariño y en Colombia, el verdadero reto no es la formulación de una política o una norma, el reto enorme reside en su instrumentalización, en su puesta en marcha, y para que esto sea posible hay que revestirle de un espíritu y una filosofía en la que toda la sociedad asuma su rol, es decir, sus derechos y  sus responsabilidades políticas.

No conozco espíritu más poderoso para el impulso de una sociedad que el amor y la paz, y el Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Convivencia viene en su nacimiento con este poderoso fuego; razón por la cual su filosofía debe responder  con grandeza en la comprensión de lo que busca enfrentar como herramienta para la paz, los derechos humanos y la convivencia ciudadana.   Los elementos filosóficos que edifiquen este observatorio fundamentarán una estrategia para concretar acciones en pro de la difícil y muchas veces dolorosa realidad social en Nariño, siendo una acción afirmativa en pro de la reconstrucción del tejido social.  Debe avanzar en la conexión y reconstrucción de la sensibilidad ciudadana por intereses diversos cercanos a la reflexión de la situación social en Nariño, Colombia y América Latina, impulsando y renovando el maltrecho amor por lo público y la muy baja confianza que hoy se tiene en las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho.

Este Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana debe dar elementos para la superación de la abstracción vacía de las posturas clásicas, en donde la pretendida universalidad ideal de las normas específicas de conducta individual, se cambien por justicial social y democracia amplia y realmente participativa, en el reconocimiento de una ciudadanía, social, ambiental, cultural, económica y políticamente diferenciada.

Este instrumento de construcción de paz debe responder al paradigma de ciencia y conocimiento abierto, entregando los mecanismos para una constante retroalimentación desde las bases sociales al ejercicio de cada uno de los instrumentos del observatorio, garantizando que la información y el conocimiento que se geste en medio de su ejercicio, conecte con la sociedad en cada uno de los 64 municipios de Nariño.  Con rigurosidad, debe abordar diversos intereses que hoy son retos inclaudicables, donde por ejemplo, los ejercicios de construcción paz y su evaluación de eficacia sean el alimento para la toma de decisiones hacia el desarrollo de una eficaz política de paz y transformación de conflictos en este poderoso sur.

Al integrar esta ruta de participación y conocimiento continuo, el Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana constituirá una respuesta a la dicotomía Weberiana entre legalidad y legitimidad.  Este presenta una solución a un problema sociopolítico tan neurálgico en Nariño que pasa por la concepción de un paradigma moral, político y jurídico, en resumen, de legitimidad; aquella que permite romper con la inercia formalista de los procedimiento institucionales, llenos hoy de tecnicismos innecesarios que la ciudadanía no comprende, para abrirlos al protagonismo estructural de la opinión publica, ya sea esta alimentada por tradiciones divergentes como lo propone MacIentyre, visiones omni-comprehensivas como propone Rawls, opinión pública muy al estilo de Habermas u opiniónes agonistas como propone Chantal Mouffe, donde dejamos de vernos como enemigos ante el disenso, para comprendernos antagonista en la riqueza de la diversidad de opiniones. Lo decisivo en este sentido, es lograr o un respeto al disenso o una asimilación sistémica del mismo, esto con miras a profundizar la democracia liberal proporcionándole una eficacia más inteligente a sus cuestionados procedimientos formales, impulsando las bases de una cultura que nos ayude a trascender hacia la democracia directa como camino, de acuerdo con Jorge Eliecer Gaitán.

En este sentido, cabe de la manera más respetuosa adelantar una crítica particularmente a lo expuesto en el Articulo 2 del Decreto 166 del 7 de mayo del 2022, que da forma al “Comité Operativo” el cual conforma un equipo interinstitucional de carácter permanente encargado de la “consolidación, procesamiento, confrontación, análisis, lectura y difusión periódica de la información sobre intolerancia, violencia de cualquier escala o denominación, conflicto armado, seguridad, democracia y desmovilización, violaciones a los derechos humanos  y al derecho internacional humanitario desde diferentes ópticas disciplinarias, para luego diseñar y proponer intervenciones que permitan enfrentar el problema desde diferentes dimensiones”.  En este articulo se citan diez instituciones, ninguna que permita el espacio de participación de la sociedad civil, o ponga en el espacio de tantas responsabilidades a los y las directamente afectados por los conflictos, ni el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia, ni el Comité Departamental de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Nariño, no, nadie de la sociedad civil. Eso sí, un invitado (a) especial, sí, otra institución, la “Procuraduría Regional de Nariño”.

Enhorabuena, en el Articulo 4. Se crea la Mesa Departamental de Contrastes como apéndice del precitado comité operativo, en donde se tiene en cuenta al Comité Departamental de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Nariño como miembro.  Sin embargo, ¿con un solo delegado entre decenas de instituciones, podríamos realmente integrar la visión de la sociedad civil? ¿hasta que punto se legitima su propósito de observatorio de paz, derechos humanos y conviviencia ciudadana, si la participación ciudadana es más que mínima?

¿Es posible reconsiderar esta estructura institucionalista, para integrar allí instancias tan fundamentales como el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia desde donde venimos impulsado la activación del Observatorio de Paz?, pienso que si, con Pazciencia podemos transformar los paradigmas institucionalistas de la construcción de paz.  El Secretarío de Gobierno y el señor Gobernador tienen la posibilidad de reformarle y darle la estructura que atienda los retos que Nariño tiene en materia de paz, defensa de los derechos humanos y transformación de conflictos, retos que involucran la apropiación social del propósito de construcción de paz, donde se legitime el inmenso rol que comunidades, personas y organizaciones de la sociedad civil le han dado a este anhelo, y reconociendo, particularmente, que construir paz sin participación directa y ejercicio pleno de la sociedad es básicamente imposible.

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