Sin pena y sin gloria: 7 años de la implementación del Acuerdo Final de Paz

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Este 26 de septiembre se cumplen siete años desde que en Cartagena se suscribió el pacto político que puso fin al conflicto armado entre el Estado de Colombia y las extintas FARC-EP. De manera muy vivida recuerdo como en la Plaza de Bolívar cientos de personas nos agrupamos para ver la transmisión de lo que para muchos constituyo una victoria política, La Victoria Política, ya que, como es mi caso, desde mi temprana politización no había levantado otra bandera distinta que la de la solución política al conflicto social, político y armado que atraviesa nuestro país.

Con la firma del Acuerdo Final de Paz iniciaría su proceso de implementación, y con su implementación, se develarían los limites del Estado colombiano -en su forma actual- para cumplir con lo pactado, y de nuestra Nación para decantarse -sin ambigüedades- por la construcción de paz y la reconciliación. Desde finales del 2016 la vida me puso como testigo de excepción del proceso de implementación, de esta manera he podido ver cómo cada gobierno ha asumido esta tarea, pero también como la alta parte contratante, es decir, el partido político sucesor de las extintas FARC-EP ha cumplido su rol en la implementación, verificación e impulso.

En lo que concierne a la implementación del Acuerdo Final de Paz, Santos pudo haber hecho muchísimo más en el ocaso de su gobierno, especialmente en materia de reincorporación de los excombatientes y sustitución de cultivos declarados de uso ilícito; Duque simuló la implementación y lo redujo a los aspectos funcionales a su política de paz con legalidad, desfigurando lo acordado e imprimiendo una inercia que aun pesa; y Petro aunque posee una clara voluntad política de cumplir lo acordado, no logra traducir ello en hechos concretos, especialmente en lo que concierne a la seguridad en los territorios.

En contraste, la otra alta parte contratante ha perdido su capacidad de interlocución e incidencia de manera vertiginosa. De un trabajo sesudo durante el gobierno de Santos se pasó a un estancamiento en el gobierno de Duque, encontrándose actualmente en una situación de “autonomía relativa” que les ha impedido desplegar -y cumplir- libremente con las funciones que legalmente les corresponde y política e históricamente se les demanda. La doble condición de ser partido de gobierno y alta parte contratante los ha paralizado en la instancia de seguimiento, impulso y verificación.

Lo penoso del momento actual es que, por un lado, como lo señalaron los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz recientemente, pareciese que la búsqueda de la Paz Total es entendida por algunos funcionarios públicos en contravía de la implementación del Acuerdo Final de Paz; y por el otro, que de tiempo acá, la exigibilidad de la implementación de este por parte del partido político sucesor de las extintas FARC-EP oscile en virtud de cálculos electorales y burocráticos. En ambos casos asistimos a una mayúscula inferioridad política ante el noble propósito de construir paz en y desde los territorios, una miopía sobre lo estratégico, y fundamentalmente, una mezquindad insondable con relación a la vida de quienes le apostaron a la paz y se han aferrado a ella.

Se conmemora un año más de la firma del Acuerdo Final de Paz, el primero con un margen de maniobra por parte del gobierno del cambio. Los cambios en el enfoque en relación al abordaje de la implementación de este acuerdo político deben iniciar a traducirse en acciones. A estas alturas solo cambiar el enfoque no es suficiente, el oxigeno de la implementación del acuerdo suscrito hace siete años lo ahoga la violencia en los territorios. El quehacer del gobierno en esta materia debe a su vez tener una contraparte movilizada, llena de argumentos, iniciativa y propuestas. Una contraparte autónoma, dado que la exigibilidad de la implementación del Acuerdo Final de Paz no puede estar sujeta a los apetitos electorales y burocráticos. Se conmemora un año más de la firma del pacto político más importante de los últimos 30 años en Colombia en la más absoluta orfandad.

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