Empezamos 2026 con el mundo sacudido. No por una crisis inesperada, sino por la confirmación de algo que venía incubándose hace rato: la manifestación sin pudor del imperialismo clásico. La invasión de Venezuela por parte de Donald Trump no es una excentricidad, es un mensaje. Más garrote y menos zanahoria. Menos diplomacia y más fuerza. Como a comienzos del siglo XX, pero con drones, algoritmos y redes sociales.
En ese mismo tono de sinceridad brutal, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, lo dijo sin rodeos en el Foro Económico Mundial: “Sabíamos que la narrativa sobre un orden basado en normas era parcialmente falsa. Sabíamos que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado y la víctima”.
Ese es el contexto global en el que Colombia entra en año electoral. El 8 de marzo elegiremos Congreso y el 31 de mayo presidente. Y aunque el ruido internacional parezca lejano, las urgencias nacionales son inmediatas y se resumen en una sentencia, un llamado a elegir con un criterio: no matarás, no robarás, producirás.
Pero ¿qué implica realmente esta sentencia en la práctica política? No es un eslogan moralista ni un llamado ingenuo a la “buena conducta”. Es un programa mínimo, casi de supervivencia democrática.
No matarás significa proscribir definitivamente la violencia del debate político. No justificarla llamando a “destripar” a un sector de la vida nacional, como lo afirmó uno de los candidatos a la Presidencia. Ni romantizarla con odas a grupos armados que practicaron el secuestro, la extorsión y el asesinato, y que dejaron al país más de sesenta años de conflicto armado. Un conflicto que, en palabras del padre De Roux, “no mejoró nada y lo empeoró todo”. Un país que normaliza el asesinato —selectivo o masivo— renuncia a cualquier promesa de futuro.
No robarás no se reduce a no meter la mano en el erario. Implica no capturar el Estado para pagar favores, no convertir lo público en botín y no administrar la corrupción como si fuera una falla menor del sistema. La corrupción no es un problema ético: es un freno directo al desarrollo. Los ejemplos recientes son elocuentes. El escándalo de Juliana Guerrero, vinculada a títulos universitarios falsos, devela un entramado de venta de credenciales para acceder a cargos públicos, degradando el mérito y la función del Estado. A esto se suma el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde un tribunal envió a prisión a los exministros de Petro, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por su participación en un entramado de corrupción que no puede despacharse como error administrativo, sino entenderse como estructura organizada para saquear recursos públicos. Pero que los que ya han gobernado no vengan a posar de adalides de la transparencia. Ahí están Agro Ingreso Seguro, emblema de la captura de subsidios en la era de Álvaro Uribe Vélez, o Centros Poblados en 2021, cuando se usaron garantías bancarias falsas para adjudicarse un contrato de conectividad rural que nunca llegó, bajo el gobierno de Iván Duque. La corrupción, venga de donde venga, tiene el mismo efecto: destruye confianza, frena la inversión social y erosiona la democracia. Sin enfrentarla de manera real —no selectiva ni oportunista— no hay país viable.
Producirás, finalmente, es el mandato más olvidado y el más material. Gobernar no es solo redistribuir lo que existe, sino crear condiciones para que la sociedad produzca: trabajo digno, conocimiento, industria, campo y ciencia. Sin producción no hay política social sostenible, solo retórica y endeudamiento. Los ejemplos del trigo, la cebada, el sorgo o el maíz no son anécdotas sectoriales: son síntomas del desmembramiento del aparato productivo nacional, acelerado por un discurso acrítico de las “ventajas comparativas” que convirtió la apertura económica en dependencia estructural. El resultado es un país con un aparato productivo cada vez más enclenque, incapaz de competir en igualdad de condiciones y permanentemente expuesto a choques externos. En regiones como Nariño, esa historia ya se vivió y hoy se repite con la leche y la papa, amenazadas por la eliminación de salvaguardas y la entrada de importaciones a arancel cero. La respuesta no es resignación, es protección inteligente, impulso decidido a la producción local y decisiones soberanas de política económica. En ese camino, el empresariado nacional es fundamental: no como beneficiario de rentas fáciles, sino como actor estratégico del desarrollo, de la generación de empleo y de la construcción de un proyecto productivo propio.
A quienes hoy aspiran a cargos de elección popular no habría que exigirles milagros ni relatos épicos. Basta con esto: que no promuevan ni hagan eco de la violencia, que no roben y que gobiernen para que el país produzca. Todo lo demás es propaganda.
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