Biopolítica de la memoria en (la) transición colombiana

 

El pasado 22 de septiembre del año en curso se cumplieron 11 años desde la muerte de Victor Julio Suárez Rojas, más conocido en el marco del conflicto social, político, económico y armado entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP como Jorge Briceño o Mono Jojoy. El recuerdo de su muerte y la conmemoración de su vida y lucha  por parte de sus familiares, antiguos compañeros en armas y simpatizantes de la causa que enunciaba fue, como lo ha sido en los últimos 10 años, tomado como una afrenta por parte de algunos sectores de víctimas de la antigua insurgencia y el establecimiento.

 

Este hecho en particular evidencia la tensión que opera sobre la memoria en el momento histórico que vive Colombia como Estado y como Nación. Paradójicamente, dicha tensión sobre el pasado tiene el poder de estructurar nuestro presente y delinear el futuro que como sociedad estimemos deseable. Esto es así, porque la tensión a la cual está siendo sometida la memoria en Colombia trasciende a las partes enfrentadas directamente durante el conflicto armado y a las víctimas que éste ocasionó. Lo que está en juego es la forma como entendemos y elaboramos el pasado, lo cual nos remite necesariamente a comprender la memoria como un campo en disputa.

 

La memoria puede operar en múltiples niveles que resulta necesario en estos tiempos no perder de vista. Por un lado tenemos la memoria individual, asociada especialmente al ámbito jurídico, donde se reconoce a esta como un legítimo derecho de las víctimas. Por otro lado encontramos la memoria histórica, vinculada ante todo a procesos oficiales en los que se busca determinar una sola forma de comprender el pasado. Y por última, la memoria colectiva, la cual, en palabras de Maurice Halbwachs, es múltiple y adquiere ribetes que la pueden o no transformar a medida que las voces que participan en ella inician a operar.

 

En una sociedad como la nuestra que “alberga” a más de 8 millones de víctimas, sin lugar a dudas la memoria individual debe nutrir la memoria histórica, toda vez que nos hemos propuesto poner en el centro de las actuaciones estatales la protección de las víctimas del conflicto armado y la búsqueda de garantías que impidan la recurrencia de los hechos victimizantes. No obstante, esto no excluye la posibilidad de que como Nación le apuntemos a estructurar una memoria colectiva que no eluda ninguna de las voces. En razón a que el pasado nunca es el mismo para todos y todas, y a que en su pluralidad yace gran parte de las garantías de no repetición, la censura de algunas voces le hace mal al propósito de construir una paz estable y duradera.

 

Sin embargo, en Colombia opera, desde ya hace mucho años y principalmente por parte de quienes detentan el poder, como lo decía Michel Foucault, todo un conjunto de tecnologías, prácticas, estrategias y racionalidades políticas que tienen como objetivo el gobierno de la vida, y en nuestro caso criollo, también de la muerte y de la memoria, ya que hay muertes normalizadas y recuerdos censurados, respectivamente. La estructuración de la diada víctima-victimario impide observar en detalle la complejidad del conflicto armado colombiano y por consiguiente la insuficiencia de narrativas que con base en la emergencia del discurso de los derechos humanos, pasan por alto las experiencias vitales de quienes se encontraron/decidieron siendo/ser parte del conflicto armado, como puede ser el caso de un campesino desplazado por la violencia bipartidista, víctima del asesinato de su padre por parte de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y cercano a las incipientes guerrillas comunistas por estar su madre al servicio de éstas, como fue el caso del Mono Jojoy.

 

En efecto, y en razón a que hoy tiene lugar la batalla más relevante para quienes defienden el status quo: el sentido del conflicto armado y la posibilidad de construcción de paz en Colombia, es que estos sectores hacen uso de una serie de tecnologías mediante las cuales pretenden organizar actualmente nuestras vidas para reproducir el orden de cosas establecido y contraintuitivamente, a desconocer a las víctimas del conflicto armado y negarles en muchos casos la verdad por dolorosa que sea. Dicho de otra manera, esas tecnologías, en particular aquella que avala o no unas determinadas memorias no tiene como finalidad garantizar la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas, sino todo lo contrario, la delimitación de lo admisible y lo no admisible en estos tiempos donde pretendemos superar el conflicto armado, provocando nuevas exclusiones de las cuales pueden emerger nuevas violencias.

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