El pasado 7 de septiembre, habiendo transcurrido exactamente un mes desde la posesión presidencial de Gustavo Petro, y en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), conquista contenida en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera para tramitar de manera pacífica las controversias, los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República fijaron sus posiciones.
Como era de esperarse, además de las fuerzas políticas que apoyaron durante la campaña presidencial la formula Petro/Marquéz, se alinearon con el Gobierno Nacional aquellos partidos políticos que vaciados de toda postura ideológica persisten en la escena política producto de su relación parasitaria con el Estado. Luego de haberse opuesto a la candidatura de Petro y haber hecho abierta oposición al Acuerdo Final, ahora Conservadores, Liberales y el Partido de la U aterrizan al gobierno del “cambio”.
Sin embargo, más allá de este aspecto formal que constituye la declaratoria si se es partido político de gobierno, independiente u oposición, lo cierto es que transcurrido el primer mes de gobierno de Gustavo Petro comienza a hacerse cada vez más necesario que inicie a operar una oposición desde la izquierda, en el Congreso y por fuera de este, para contrarrestar el peso que las fuerzas políticas tradicionales inician a tener en el Gobierno Nacional.
La oposición en el Congreso resulta esencial, por ello son afortunadas las voces que desde ese lugar privilegiado se interrogan sobre nombramientos, prácticas y planteamientos del nuevo gobierno y su coherencia con el programa de gobierno, como lo ha venido haciendo el Senador del Pacto Histórico Wilson Arias. Es de esperarse también que por fuera del Congreso las organizaciones sociales que llevaron la democracia a las calles incorporen activamente las palabras que el mismo Gustavo Petro les manifestó en el marco de la posesión popular y espiritual un día antes de sentarse en el solio de Bolívar: su trabajo, su quehacer no puede ser sustituido por la Presidencia de la República.
Dos caminos distintos deberían recorrer estas expresiones de oposición desde la izquierda: primero, institucionalizar canales de diálogo entre los congresistas del Pacto Histórico y el Frente Amplio con el Gobierno Nacional para aclarar dudas, dirimir controversias y resolver cuestionamientos. Cuando se habla de profundizar la democracia es menester comenzar por casa. Y segundo, identificarse por parte de las organizaciones sociales qué cambios pueden y cuáles no ser procesados por el aparato estatal. A partir de dicho calculo se lograran administrar las expectativas puestas en este nuevo gobierno y acumular las fuerzas necesarias para impulsar los cambios estructurales anclados en las relaciones sociales de los históricamente marginados.
El progresismo latinoamericano en su primera ola de inicios del siglo XXI evidenció que sus limites se encontraban, paradójicamente, en el eje mismo de su legitimidad: el modelo extractivo, al tiempo que permitió tener los recursos para la realización de grandes obras de infraestructura y la ampliación y profundización de programas sociales, impidió la redistribución de las riquezas, el cierre de brechas sociales y aplazó reivindicaciones feministas y ambientales.
Esta nueva ola, con un pie en la transformación de su matriz productiva a una más horizontal y solidaria, puede hacer de la democracia sustantiva, es decir, a la controversia, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, la base de su legitimidad. Urge una oposición desde la izquierda para jalonar el cambio.