Decreto 575 de 2021- Una dictadura en democracia

Por: Angela del Rosario Torres Rodríguez

Del Estatuto de Seguridad a la Convivencia Ciudadana.

 El Decreto promulgado el día 28 de mayo de 2021 y que fue dado a conocer por el gobierno Nacional el día 29 de mayo de 2021, pretende recuperar el orden público del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, se da en el marco de las manifestaciones que se vienen presentando en el país desde hace un mes. Este Decreto fue expedido con base a las facultades que confiere el artículo 4 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 303 y 315 y el artículo 199 de la ley 1801 de 2016; ;no obstante, el Decreto tiene serias falencias que lo hacen abiertamente inconstitucional e ilegal a luz del Cuerpo de la Constitución Política de Colombia, siendo regresivo no solo en el derecho fundamental a la protesta, sino a la democracia representativa, a la descentralización del Estado y a la historia del propio Estado colombiano.

Para abordar su análisis, es necesario entender que la ley 1801 de 2016 sobre la cual se promulgó el Decreto que 575 de 2021 y que procederé a examinar más adelante, tiene como filosofía fundamental en su cuerpo normativo; la necesidad de un Estado-Preventivo desplegando en esencia la teoría del derecho penal del enemigo bajo los supuestos de una “defensa de la seguridad ciudadana” en todo lo relacionado con la ocupación del espacio público y que incluso; tuvo declaratoria de inexequibilidad en gran parte del articulado del Título VI a través de la sentencia C-223 del 2017 con ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos.

Paradójicamente, los ponentes de la ley 1801 de 2016 fueron la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López conjuntamente con Roy Barreras, Germán Varón Cotrino, José David Name y Juan Manuel Galán y que si bien es cierto, existían elementos interesantes tales como la prohibición de la estigmatización a los protestantes, que fue declarada inexequible en la ya mencionada sentencia C-223 del 2017, también lo es que otorgaron facultades al presidente de la República tales como la posibilidad de generar directrices a alcaldes y gobernadores, así como, la posibilidad de que se dé una  intervención militar contra la propia ciudadanía.

En la práctica, esto se traduce en la facultad del gobierno para suspender las competencias de alcaldes y gobernadores sin ser declarado previamente un Estado de Conmoción Interior, modificándose de esta manera la Constitución Política de Colombia a través de una ley ordinaria y no una ley estatutaria, tal y como lo exige la Constitución.

Como precedente histórico, es necesario recordar el Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978) expedido por el presidente Julio Cesar Turbay Ayala, quién promulgó un régimen penal de excepción haciendo eco de los métodos coercitivos de Seguridad Nacional propuestos por Estados Unidos en el marco de la guerra fría y que fueron implementados por todas las dictaduras del Cono Sur. El enemigo entonces deja ser externo y todos los ciudadanos se convierten en sospechosos sí tienen una idea contraria al gobierno. La defensa de la “Seguridad” se vuelve prioritaria y Colombia, que no fue nunca, en teoría, una dictadura, se convirtió en un laboratorio de los ejércitos latinoamericanos que habían asumido el control de los gobiernos en sus respectivos países en lo que se denominó “el plan Viola”[1]

El Estado Colombiano, estuvo en un permanente Estado de excepción desde el Frente Nacional hasta la promulgación de la Nueva Constitución de 1991, lo que permitió al gobierno legislar a su arbitrio, restringir las libertades de prensa, locomoción, reunión entre otros muchos derechos civiles y políticos de los ciudadanos, flexibilizando así la actuación de policías y militares en la continua violación de los derechos humanos, dándoles facultades al Ejercito de policía judicial e incentivando las torturas y ejecuciones por parte de organismos creados con ese fin.

Ahora bien, para aquellos que aseguran que regresamos a la época de Turbay, pues no se equivocan.

Abiertamente Iván Duque se ha declarado admirador de Julio Cesar Turbay, de quién ha copiado sus discursos, admiración por personajes como Darío Echandía y sobre todo la manera inconstitucional e ilegal mediante la cual acallan a sus contradictores.

En efecto el Decreto 575 del 2021 del 28 de mayo de 2021, conmina a los alcaldes y gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, Cali, Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva a disponer de la asistencia de la fuerza militar a través de las facultades otorgadas por el artículo 170 de la ley 1801 de 2016.

El gobierno suplanta la autonomía de las autoridades de orden territorial y la descentralización administrativa al conminar a las autoridades regionales a través de la advertencia de la imposición de sanciones de no acatarse este decreto.

Así mismo, capturas como las que se están llevando a cabo en las últimas horas de líderes y lideresas sociales funcionarios públicos, ciudadanos y civiles en general y que vienen siendo reportados en las últimas horas por Asfaddes, solamente nos lleva a concluir que la democracia en Colombia ha sido y sigue siendo un espejismo. Lo peor de vivir en una dictadura en democracia es que aparentemente no pasa nada y políticos aparentemente progresistas propusieron las herramientas jurídicas con las que hoy masacran el sur del país.

[1] http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1405/te.1405.pdf

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