La polémica está servida en Pasto. Lo que inicialmente fue presentado como una jornada sindical y pedagógica convocada por el Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA), terminó generando una fuerte controversia ciudadana por los videos, fotografías y testimonios que hoy circulan ampliamente en redes sociales y medios de comunicación.
El pasado 11 de junio, mediante resolución sindical, se convocó a los docentes afiliados a una actividad que implicó la suspensión de clases y el cese de actividades académicas en diferentes instituciones educativas. La convocatoria señalaba la realización de una jornada de carácter sindical y pedagógico en las instalaciones de la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto.
Sin embargo, la sorpresa de numerosos ciudadanos fue mayúscula al observar que, según los registros audiovisuales conocidos públicamente, el evento habría derivado en una actividad de evidente contenido político, con arengas, consignas y expresiones de respaldo a la eventual candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro.
Las imágenes muestran a dirigentes sindicales y asistentes participando activamente en manifestaciones de apoyo político, circunstancia que ha generado profundas inquietudes en distintos sectores de la opinión pública. La pregunta que hoy se formula la ciudadanía es simple pero contundente: ¿puede una jornada convocada bajo el carácter de actividad sindical y pedagógica convertirse en un escenario de promoción política?
La inquietud no es menor. Los docentes vinculados al sistema educativo oficial ostentan la condición de servidores públicos y, en consecuencia, están sujetos a un régimen especial de deberes, prohibiciones y responsabilidades. Precisamente por ello, diversos sectores ciudadanos han solicitado la intervención de los organismos de control para establecer si existió o no vulneración de las normas que regulan la participación en política de los servidores públicos.
Igualmente delicado resulta el hecho de que la actividad se hubiera desarrollado durante una jornada laboral en la que se suspendieron las clases para miles de estudiantes. La educación pública enfrenta enormes desafíos en materia de calidad, cobertura y resultados académicos, razón por la cual cualquier interrupción de actividades genera legítimos cuestionamientos por parte de padres de familia y contribuyentes.
A ello se suma una circunstancia adicional que merece ser esclarecida. El rector de la Institución Educativa Ciudad de Pasto, profesor Jaime Guancha, ha manifestado públicamente que las instalaciones fueron solicitadas para una actividad estrictamente sindical y pedagógica. Según su versión, nunca fue informado de que el evento tendría un componente de respaldo político a una candidatura presidencial. Si ello fuese cierto, estaríamos frente a una situación que también exige claridad y transparencia.
Nadie discute el derecho que tienen los sindicatos a deliberar, organizarse y expresar sus posiciones frente a los asuntos nacionales. La libertad sindical constituye un pilar esencial de cualquier democracia. Pero una cosa es el ejercicio legítimo de la actividad sindical y otra muy distinta la utilización de jornadas laborales, escenarios educativos y convocatorias oficiales para fines que eventualmente puedan interpretarse como proselitismo político.
Por eso resulta indispensable que los organismos competentes actúen con prontitud. Corresponde a la Procuraduría General de la Nación, y a las demás autoridades que tengan competencia en la materia, determinar si los hechos observados constituyen una simple manifestación de opinión colectiva o si, por el contrario, podrían configurar conductas disciplinarias susceptibles de investigación.
La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad. Los padres de familia tienen derecho a saber por qué se suspendieron las clases.
Los docentes tienen derecho a que se esclarezca si fueron convocados a una actividad sindical o a un acto político. Y las instituciones tienen la obligación de garantizar que los recursos públicos y el tiempo laboral se utilicen exclusivamente para los fines que la ley autoriza.
La controversia está planteada. Ahora corresponde a las autoridades ofrecer respuestas, porque la confianza ciudadana en la educación pública y en sus instituciones también se construye a partir de la transparencia y del respeto por las reglas de la democracia.
