Catambuco–Pasto: la obra prometida que Petro no financió y que volvió a dejar esperando a Nariño

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Un documento de la Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que para la segunda calzada entre Catambuco y Pasto solo hay recursos disponibles por cerca de $151 mil millones, pese a que en prefactibilidad se había estimado una necesidad de $455 mil millones. La obra, clave para la movilidad de Pasto y el sur de Nariño, sigue sin cierre financiero.

La segunda calzada entre Catambuco y Pasto, uno de los proyectos más esperados para mejorar la movilidad de la capital nariñense y su conexión con la vía Rumichaca–Pasto, vuelve a quedar en el centro del debate regional. Un oficio de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, fechado el 22 de mayo de 2026, deja en evidencia que el proyecto aún no cuenta con los recursos suficientes para garantizar la construcción total de las obras previstas.

El documento, dirigido a la Gobernación de Nariño y a la Alcaldía de Pasto, señala que actualmente la ANI solo cuenta con recursos disponibles en la subcuenta de Nuevas Intervenciones por aproximadamente $151 mil millones, con corte a abril de 2026. Sin embargo, en la fase de prefactibilidad se había estimado un requerimiento de $455 mil millones.

La conclusión es clara: hay un faltante considerable de recursos para construir la totalidad de las actividades que se están diseñando.

La obra corresponde a la segunda calzada Catambuco–Pasto, entre el PR77+600 y el PR83+000, dentro del proyecto Rumichaca–Pasto, contrato de concesión APP No. 015 de 2015. Se trata de un corredor estratégico para la entrada y salida de Pasto, pero también para la conectividad de Nariño con el sur del país y la frontera con Ecuador.

Cuatro años y todavía sin solución integral

La información contenida en el oficio golpea políticamente al Gobierno nacional. Después de cuatro años de mandato, el gobierno del presidente Gustavo Petro no logró dejar resuelto el cierre financiero de una obra que Nariño reclama desde hace años.

No resulta serio que, al final del periodo, se diga que no hay recursos suficientes para una intervención de esta magnitud. Pasto y Nariño han esperado soluciones estructurales en materia vial, pero el documento confirma que la segunda calzada sigue dependiendo de estudios, diseños, gestiones presupuestales y posibles acuerdos futuros con el concesionario.

En otras palabras, el proyecto no quedó listo. Quedó en trámite.

El texto de la ANI incluso señala que, una vez culminen los estudios y diseños de Fase III, previstos para finales de este año, se informará el presupuesto estimado de construcción. Solo en ese momento, y dependiendo de la disponibilidad de recursos, se analizarán las actividades a ejecutar. Si se llega a un acuerdo con el concesionario, deberá suscribirse el documento contractual correspondiente para incluir esa obligación en el contrato de concesión.

Ese lenguaje técnico traduce una realidad política: Pasto y Nariño quedaron nuevamente colgados de la brocha.

Ajustes, predios y reducción de obras

El oficio también revela que durante marzo de 2026 se adelantaron espacios de socialización entre el concesionario, funcionarios de la Alcaldía de Pasto y la administración local para revisar las secciones típicas de la segunda calzada.

Uno de los puntos centrales fue la solicitud de optimizar la sección transversal definida en el POT, con el objetivo de reducir los anchos de franja de necesidad predial. La Secretaría de Planeación de Pasto pidió revisar aspectos como andenes, franja ambiental y otros elementos urbanos para disminuir el número de predios que tendrían que ser adquiridos.

Según la trazabilidad expuesta por la ANI, se planteó reducir el ancho de andenes de 2,0 metros a 1,60 metros y la franja ambiental de 1,40 metros a 0,80 metros. Aun así, la entidad reconoce que seguía siendo importante analizar una mayor optimización o incluso la eliminación de algunos anchos en sectores críticos como Fray Ezequiel, Parque Chapalito y Cementerio Jardines Cristo Rey, lugares complejos por asuntos prediales y constructivos.

Esto muestra que el proyecto no solo enfrenta problemas de plata. También enfrenta dificultades urbanísticas, prediales y de diseño.

Nariño recibió burocracia, pero no obras estructurales

El caso Catambuco–Pasto deja una sensación amarga en el departamento. El Gobierno Petro tuvo amplio respaldo electoral en Nariño y llegó con un discurso de cambio, justicia territorial e inversión para las regiones históricamente olvidadas. Sin embargo, en materia de infraestructura vial, el balance sigue siendo insuficiente.

Petro les cumplió a algunos nariñenses con espacios burocráticos, nombramientos y presencia política, pero no le cumplió a Nariño con las obras estructurales que requiere para competir, movilizarse y desarrollarse.

La segunda calzada Catambuco–Pasto no es un capricho. Es una necesidad para descongestionar la movilidad, mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer la conexión de Pasto con el corredor internacional hacia Ecuador.

Cada retraso tiene impacto directo en ciudadanos, transportadores, comerciantes, estudiantes, trabajadores y familias que diariamente se movilizan por este sector.

Una obra que no puede seguir en promesas

La ANI plantea en el documento la necesidad de unir esfuerzos entre el Gobierno nacional, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Pasto para buscar recursos a nivel nacional, departamental y municipal. También habla de definir mecanismos de cofinanciación o apoyo institucional que permitan cubrir los costos de las futuras actividades de obra.

Pero para Nariño el problema es que ese llamado llega tarde. La región necesitaba decisiones, recursos asegurados y compromisos firmes, no nuevas gestiones al cierre del gobierno.

La segunda calzada Catambuco–Pasto queda como otro ejemplo de una deuda pendiente con el departamento. Una obra anunciada, estudiada y discutida, pero todavía sin garantía plena de financiación.

El sur del país no puede seguir viviendo de estudios, mesas técnicas y oficios. Pasto y Nariño necesitan obras reales, cronogramas claros y financiación asegurada. Porque en infraestructura, como en política, prometer no es cumplir.

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